Aragón es la comunidad con menos desigualdad, la que menor tasa de pobreza severa tiene y la tercera con menor tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social (Tasa Arope), del 19,1 por ciento, por detrás de Navarra y el País Vasco y siete puntos por debajo de la media nacional, del 26 %, según el informe “El Estado de la Pobreza en las CCAA–2023”, de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social.

La Tasa Arope, un indicador propuesto por la Unión Europea, tiene en cuenta los porcentajes de personas que residen en hogares con carencia material y social severa, en riesgo de pobreza y en situación de baja intensidad en el empleo, y la Comunidad Valenciana es la que más la ha reducido en el último año, casi tres puntos, hasta situarse en el 27,5 %, casi en la media del país.

Con un 19,1 %, Aragón presenta la tercera tasa más baja, lo que supone 0,9 puntos menos que en 2021, y lidera el ránquin de menor desigualdad según el índice Gini, menos población en hogares en baja intensidad en el empleo y el de la tasa pobreza severa más baja con un 4,9 %, tras una fuerte reducción de 3,2 puntos respecto a 2021.

Sin embargo, el informe advierte de que los resultados de Aragón están por encima de los de 2015, el año de referencia para el cumplimiento de la Agenda 2030, tanto a nivel global como en dos de los tres componentes de la tasa Arope: la tasa de riesgo de pobreza y la privación material y social severa.

De este modo, Aragón está lejos de cumplir con los objetivos acordados en la Agenda 2030 y en 2022 se desvía en unas 70.000 personas que tendrían que haber salido de la situación de pobreza y/o exclusión social.

El impacto de la acción del Estado también se observa en Aragón, ya que si no se produjera ninguna transferencia, excepto las pensiones de jubilación y supervivencia, la tasa de pobreza se habría incrementado en 5 puntos y en 23,9 sin considerar ninguna aportación pública.

Más grave aún sería el impacto sobre la pobreza severa, que se habría duplicado si solo se hubieran transferido las pensiones de jubilación y sería seis veces superior sin incluir ningún tipo de transferencia.

A tenor de los datos de la serie histórica, se observa la constancia del efecto provocado por las transferencias, lo que ahonda, según el informe, en la importancia en la reducción de la pobreza que tiene la acción correctora del Estado.

Así, en 2021, momento en el que se midieron los efectos de la covid-19, el impacto que tuvieron las transferencias en la contención de la pobreza fue mayor aún y en 2022, pese al necesario decaimiento de medidas como los ERTE, se sigue apreciando la relevancia del papel de las políticas públicas y del mantenimiento de parte del "escudo social" a lo hora de paliar la pobreza.