Vox se queda solo contra la inmigración “ilegal” por “xenófobo”

Vox se quedó este jueves solo en el pleno de las Cortes en defensa de una propuesta contraria a la inmigración “ilegal”, que no apoyaron sus socios en el Gobierno del PP porque “criminaliza” a los migrantes, y tampoco el resto de grupos, por su contenido “racista y xenófobo”.

Entre otros puntos, Vox reclamaba en su proposición no de ley que las Cortes exigieran al Gobierno central la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España, eliminar las subvenciones a asociaciones u oenegés que promuevan o faciliten cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas o que las administraciones aragonesas se opongan a la reubicación en Aragón de “inmigrantes ilegales” y, en caso de producirse, reforzar la presencia policial para garantizar la seguridad de los vecinos.

En defensa de la iniciativa intervino el diputado de Vox David Arranz, quien afirmó que la inmigración ilegal es “un peligro, una amenaza y algo negativo” para los españoles y para los inmigrantes legales y preocupa, dijo, la “inmigración ilegal masiva y descontrolada, principalmente de varones jóvenes en edad militar” que denominó “invasión inmigratoria”, y que supone “un problema muy grave” y “un alto riesgo a la seguridad, a la convivencia, al estado de bienestar”.

“Pedro Sánchez y su Gobierno han sido aliados y promotores de estas políticas globalistas y del multiculturalismo que sufren directamente los españoles en sus barrios y sus municipios”, agregado Arranz, y lo vinculó a un aumento de la inseguridad ciudadana, de todo tipo delitos, problemas de convivencia y precarización del empleo, así como “entrada de culturas incompatibles con la nuestra”.

Una intervención de la que se distanciaron todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, cuya portavoz en el debate, Silvia Casas, destacó la posición “completamente en contra” de lo expuesto por Vox, ya que si bien el PP defiende un modelo migratorio basado en la legalidad, la regulación y el orden y que la inmigración irregular supone un problema que seguirá existiendo, no cree que la solución pase “ni por bloqueos navales ni por criminalizar a la población inmigrante”, y el compromiso del Gobierno ha quedado acreditado con la reubicación de unas 450 personas en la Comunidad.