Aragón muestra su indignación ante el plan del Gobierno para financiar la implantación de la LOSU
La DGA afirma que la aplicación de esta ley implica un sobrecoste para todas las Universidades, que no ha sido calculado adecuadamente
El Gobierno de Aragón ha querido reiterar este lunes "su indignación ante la decisión que el Gobierno Central tomó el viernes, al margen de las Comunidades Autónomas, sobre la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)".
Un plan que según han señalado desde el Ejecutivo Autonómico, "implica un sobrecoste para todas las Universidades, que no ha sido calculado adecuadamente por el Ejecutivo, y que ahora pretende que sea asumido, en gran parte, por las Comunidad Autónomas".
Como señalan desde el Ejecutivo aragonés, a este acuerdo al que se llegó tras una reunión en la que participaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), y en la que el presidente Sánchez les trasladó su decisión de sufragar parte del coste de las contrataciones de profesores ayudantes doctores necesarias para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones docentes de la LOSU.
Desde el departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón se insiste así "en que siguen existiendo discrepancias, no solo con las CCAA, sino también con las Universidades, en cuanto al número de profesores ayudantes doctores necesarios, así como el modelo para financiar los mismos".
Antecedentes
Con la finalidad de consensuar aspectos esenciales relativos a la implantación de la LOSU, el pasado 2 de febrero se constituyó una comisión de trabajo a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, integrada por el propio Ministerio, una representación de las comunidades autónomas, representantes de la CRUE y representantes de los sindicatos. "Durante tres sesiones del grupo de trabajo se analizó, por primera vez, el impacto real de la LOSU, llegando a algunos acuerdos entre los que figura el retraso de la entrada en vigor de las Disposiciones Transitorias séptima y decimosegunda de la LOSU", señalan también desde la DGA.
En la última reunión, celebrada el 4 de marzo, todas las Comunidades Autónomas presentaron una propuesta de financiación de las plazas que el Ministerio se comprometió a estudiar. "No ha sido hasta este lunes cuando se ha conocido, por los medios de comunicación, que dicha propuesta ha sido rechazada y que el Gobierno Central solo financiará dos tercios de las plazas de profesor ayudante doctor necesarias para cumplir con la LOSU", reiteran desde el Departamento.
En este sentido, Aragón insiste en la necesidad de tener en cuenta que cuando el Ministerio habla de plazas "se refiere únicamente a cubrir el coste del contrato de los Profesores Ayudantes Doctores, un contrato temporal de 6 años". De la misma manera, da por hecho que "la estabilización de ese personal correrá a cargo de las Comunidades Autónomas".
Por lo tanto, "Aragón rechaza el anuncio realizado por el Gobierno y muestra su disconformidad una vez más por la forma de actuar debido al compromiso económico que significa para las Comunidades Autónomas medidas unilaterales adoptadas por el gobierno sin previo consenso".
Es por esta razón por la que Aragón solicita al Ejecutivo central "que convoque urgentemente una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, para que se acuerde un modelo de financiación justo, proporcional y posible, en el que puedan ser asumidas las consecuencias de la implantación de la LOSU que deben sufrir las Comunidades Autónomas".
