El Gobierno de Aragón reclamará en los juzgados 25.000 euros por las mascarillas defectuosas

"El actual Gobierno de Aragón va a completar la obligación legal que el anterior Gobierno incumplió pese a haber advertido en un requerimiento a la empresa que sirvió las mascarillas defectuosas que llevaría a cabo acciones legales para reclamar la devolución del dinero por la mercancía defectuosa; acciones que, como ustedes bien saben, nunca se llevaron a término". Así ha resumido la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, la determinación del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón de llevar ante el Ministerio Fiscal el caso de las miles de mascarillas defectuosas recibidas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en abril de 2020.

"Entendemos que es dinero público con el que se ha estafado al Gobierno de Aragón y que la obligación del Gobierno es culminar este proceso y dar traslado a la Fiscalía", remarcaba Susín. "Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a nuestra obligación", continuaba la Consejera: "Si se ha estafado a los aragoneses con dinero público, la obligación de este Gobierno es trasladar los hechos a la Fiscalía para analizar si hay algún tipo de delito de estafa a los aragoneses, porque al final es a los aragoneses a los que se está estafando", aseveraba, en un momento complejo en plena pandemia de covid19 "en el que se estaba sufriendo muchísimo en las residencias", recordaba.

El contrato objeto de la reclamación condujo al pago y la recepción de 10.000 mascarillas que debían destinarse a la protección del personal cuidador de residencias de mayores y discapacidad dependientes del IASS y que no pudieron distribuirse por no cumplir con los estándares de calidad acordados.

A mediados de marzo el presidente Jorge Azcón confirmó que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón estaban elaborando un informe para dilucidar si cabía reclamar el dinero que el Ejecutivo abonó por esos lotes de mascarillas defectuosas. El informe, tal y como ha explicado este martes la consejera Carmen Susín, arroja dos conclusiones: la primera establece una cuantificación del perjuicio sufrido por el IASS por este asunto en 25.382,31 euros, una cantidad a la que cabría añadir una parte del coste del transporte, y en segundo lugar, determina que la puesta en conocimiento de estos hechos al Ministerio Fiscal –si éste lo estima procedente– permitiría practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y depurar así las responsabilidades penales y civiles que se puedan derivar en el caso de que tales hechos pudieran ser constitutivos de delito.

Las mascarillas permanecen en la actualidad en los sótanos de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar y, de acuerdo con la documentación sobre la operación suscrita por el Secretario General Técnico del Departamento en agosto de 2020, fueron adquiridas a un precio de 4,15 euros cada mascarilla “de uso médico” y a 0,75 euros por cada “unidad de tres capas”; tales precios -por encima de mercado- fueron justificados en la factura por considerarse las primeras de mayor calidad que las segundas. Así, esas primeras mascarillas se compraron por una cantidad 5,53 veces superior en relación con las segundas, pero posteriormente se comprobó que no cumplían con los estándares exigidos. Ése es el hecho que, exponía Susín, podría ser constitutivo de delito de estafa según los servicios jurídicos, ya que el material recibido no reunía las características comprometidas por las que se había acordado ese pago.