Javier Allué: “La pandemia nos anticipa los plazos para resolver necesidades en el medio rural”

Aragón y también Huesca han aumentado población en plena pandemia según los últimos datos del INE, ¿cómo se pueden interpretar estas cifras? ¿Tienen trampa?

—Los últimos datos del INE, a 1 de enero de 2020, nos sitúan en un crecimiento de población en el último año de más de 10.000 personas, que se repite desde 2018. Somos la primera comunidad autónoma en crecimiento poblacional de todas las regiones con desafíos demográficos. Con la serie histórica de los últimos 10 años, comprobamos como hace 5 o 6 años Aragón perdía población en cifras de cuatro y cinco dígitos en Zaragoza, Huesca y Teruel, y en sus tres capitales. Estos crecimientos no es que nos consuelen, pero nos hacen elevar el optimismo y la esperanza de que vamos por el buen camino.

Pero si se desciende al detalle, a pequeños núcleos… la tendencia no es la misma.

—El problema, cada vez más, es la dispersión, la orografía y la extensión territorial de Aragón, que es lo que encarece la prestación de los servicios básicos. La gente se desplaza a las cabeceras de comarca, pero hay un componente de solución: hemos de entender que la comunidad puede ser comarcal y que muchos municipios tengan que acostumbrarse a que hay servicios un poco más allá. Lo que tenemos que resolver es la movilidad y la accesibilidad a los servicios en unas condiciones dignas. Todos sabemos que algunos servicios no pueden llevarse a todos los rincones, pero que pueden estar a no más de media hora.

¿La gente debe acostumbrarse o se necesitan más recursos?

—Siempre digo que la mejor aportación que puede hacer el Gobierno de España a la lucha contra la despoblación o a la dinamización del medio rural es la reforma del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta el coste efectivo de los servicios básicos y de las infraestructuras. Esta cuestión la llevamos reclamando desde hace muchos años en Aragón, porque está reflejada en nuestro propio Estatuto de Autonomía. Hace tiempo que se visualiza esta situación para poder contribuir a resolver los desequilibrios interterritoriales.

Ahora, con la creación del Ministerio y de su secretaría general del reto demográfico, ¿será más fácil, cómo puede ser la coordinación?

—Queremos que la financiación no solo se rija por el PIB, sino que tenga en cuenta la orografía, dispersión, extensión territorial,… porque el coste de los servicios aumenta y eso es justicia redistributiva. Y una vez que decida eso, que nos dejen a las regiones operar con las administraciones locales.

¿Apuesta por la autonomía en el reto demográfico?

—Facilitar que determinadas cuestiones que afectan tanto a las regiones como a la administración local, las administren las regiones, es la manera más oportuna y la mejor aportación. Mientras no entiendan eso, seguiremos dándole vueltas siempre a la misma historia. Hay soluciones reivindicadas desde hace muchos años al Estado, que podrían resolver muchos problemas, que están en la agenda, que siguen estando y no dejan de estar. Lo hemos dicho siempre pero no hay manera. Miramos con recelo que se retrasen la estrategia o las aportaciones que para el reto demográfico vienen de Madrid.

¿Financiación o qué otras soluciones?

—Si los ministerios incluyen la perspectiva de la población en todo lo que hagan, mucho mejor, pero todo eso debería de tener un reflejo presupuestario, es más que evidente. La aplicación de prioridades para el medio rural y para fomentar los equilibrios se ha de ver en los presupuestos.

¿Y que se puede hacer en el ámbito local?

—El problema de la despoblación requiere también de la implicación de la comunidad vecinal, no me cabe ninguna duda.

La gente no puede esperar mucho más.

—Hay municipios muy dinámicos. Un programa que me encanta es ‘Pueblos Vivos’, que parieron los amigos del Somontano, que se ha ido extendiendo por otras comarcas. Pero les cuesta porque no todos los municipios se integran ni encuentran voluntarios. Aún así, esos programas los tenemos que impulsar para el asentamiento de nuevos pobladores, y pasan por explicar los recursos que tienen o pueden tener, desde a la vivienda al empleo. Que puedan decidir vivir o quedarse en un municipio, es muy importante.

El primer paso es que la gente ya no se tenga que ir, ¿no?

—Todas las políticas deben conducir a una prestación óptima de servicios de todos los niveles y en todos los pueblos; y a unos sistemas de accesibilidad que permitan esa opción. Por lo tanto, los primeros que debieran beneficiarse son los que ya viven y eso genera un efecto llamada para que puedan venir más personas. Hay que utilizar los recursos endógenos de la zona y para eso es bueno establecer programas estratégicos por comarcas. Hay inversiones estratégicas en el sector agroalimentario (corredor Barbastro-Monzón-Binéfar), energías renovables... ver qué se puede explotar de manera sostenible en cada territorio para conseguir el equilibrio demográfico.

¿Cuál es el reto y en qué momento estamos?

—En un año tan especial por la pandemia, que ha sido un desastre para todo tipo de indicadores, en esos primeros seis meses de 2020 la proyección ha sido positiva en Aragón y muy negativa en el resto de regiones, incluso en las más pobladas. Eso nos sitúa en una parrilla al menos de optimismo para poder afrontar los retos en el medio rural.

¿Qué ha cambiado la pandemia para el medio rural?

— La pandemia no es la excusa para hacer políticas positivas que contribuyan al medio rural, sino la evidencia de que tenemos que seguir realizando estrategias para recuperar los territorios como espacios de calidad de vida, para todo aquel que desee quedarse o llevar una vida plena en el medio rural. Hay algunas necesidades que ya sabíamos, pero nos anticipa los plazos para llevarlas a efecto, como la conectividad, que es fundamental.

En la provincia el Plan de Extensión de la Banda Ancha ha llegado a 321 núcleos. ¿Cómo se trabaja? ¿Hay coordinación?

—En 2015 había 50 municipios con banda ancha. Hoy el 94 % tiene acceso a banda ancha, pero no es tanto el cuánto sino la calidad del servicio. La pandemia nos enseña que para un uso intensivo por videoconferencia, lo que necesitamos es calidad del servicio, eso sí, en todas las partes del territorio. Lo primero es un mercado regulado, lo dice la consejera Maru Díaz, de forma que las Administraciones Públicas no pueden hacer todo lo que deberían. En cualquier caso, se está trabajando en los últimos años, aunque nunca es suficiente en coordinación. Tiene que haber cobertura 100 % y llegar a los 100 Mb también en zonas con cobertura de 30, para tener un servicio de calidad.

¿Y cómo se hará?

—Se pretende conseguir los objetivos de la agenda de conectividad 2025 coordinando la Consejería de Ciencia, con diputaciones y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital. Se trata de avanzar en eso. Todas las administraciones, incluida la UE, consideran de vital importancia que la conectividad de calidad sea un recurso básico más, como la asistencia sanitaria. La conectividad como derecho y paso definitivo. Eso no quiere decir que no se haya avanzado, solo hay que ver los datos.

¿Y además de la conexión para el teletrabajo, para la igualdad de oportunidades?

—Siempre digo que la pandemia ha destacado la fortaleza de nuestro sistema sanitario y nuestra red de servicios sociales y, al mismo tiempo, nos demuestra que tenemos que seguir mejorando. La telemedicina y las nuevas tecnologías van a ayudar mucho a la prestación de esos servicios sociales y sanitarios en el medio rural. Se han producido ponencias sobre nuevos modelos de prestación asistencial que trabajen más la proximidad. No nos demuestra que no estuviéramos en ello, sino que tenemos que prestarle atención. Y otra cuestión que nos enseña es que debemos continuar con las fórmulas de creación de empleo, de generación de oportunidades en los vectores principales como el turismo, la agroalimentación... siempre de forma sostenible.

Siempre se citan como requisitos fundamentales para vivir en el medio rural empleo y vivienda. Esta última es una de las preocupaciones de la Diputación. ¿Qué planes hay?

—Hay que establecer fórmulas de coordinación, con la implicación de la comunidad vecinal y de la corporación, que por supuesto existe, y con las diputaciones provinciales y las regiones, hay que buscar fórmulas de afloramiento de la vivienda vacía, como facilitar la rehabilitación. Debe haber también políticas de incentivos o de fiscalidad que favorezcan ese afloramiento.

¿Cree que tiene que haber una fiscalidad especial como piden, por ejemplo, los pueblos de montaña (EsMontañas)?

—Es que ya existen, ya hay bonificaciones fiscales por adquisición de vivienda en municipios de menos de 3.000 habitantes.

Apuesta por el ‘orgullo rural’.

—Es importante mandar ese mensaje de sensibilización del medio rural, en lugar del victimista. Pero también es compatible el mensaje del atractivo del medio rural con la reivindicación legítima de “me habéis abandonado” y eso hay que resolverlo.

En vísperas del 8M, ¿qué papel juega la mujer en el medio rural?

—Absolutamente esencial. Si se realizan políticas para que la mujer se quede, tiene un efecto imán. Hay que trabajar en la igualdad y en la conciliación. Esto último es muy importante, porque los datos dicen que entre el 80-90 % de las personas que usan estas posibilidades son mujeres y eso tiene que ir caminando hacia la igualdad. Las usuarias de los derechos son mujeres, son las que hacen el esfuerzo. La Ley de Dinamización del Medio Rural (en tramitación) incorpora la perspectiva de igualdad, a través de una comisión interdepartamental, para suprimir las brechas en la ciudad y en el medio rural. Hay que dar pasos en la igualdad y el empoderamiento de la mujer para fijar población. La mujer tiene efecto imán. Es una de las políticas clave. l

“Con la ley de Dinamización, pretendo que las
políticas impacten mejor en el territorio”

Se está tramitando la Ley de Dinamización Rural. ¿Qué se quiere conseguir?

—Establecer un medio normativo que mejore las políticas que impactan en el medio rural, que resalte los instrumentos que ya tenemos. Aragón es pionera en el establecimiento de normativa y estrategias, detectando desde hace tiempo el problema de las despoblación: la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA, 2014), la Directriz de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la despoblación de 2017, la Ley de Ordenación del Territorio de 1992, las Directrices Generales de Ordenación Territorial de 2000… que no deberían estar durmiendo en el cajón.

Como la Ley de Desarrollo Rural 45/2007 que siempre reclama. ¿Y ahora será esta una más?

—La hemos reclamado permanentemente en las reuniones con Madrid, pero no va por ese camino por la razón que sea. Ese era el camino, que se ha abandonado y se han elegido otros, pero era una buena ley: multinivel, multisectorial, participada con las regiones, con las administraciones locales… Intento con esta ley aportar un granito de arena desde el punto de vista legislativo que mejore todas las políticas sectoriales. Fijar con vocación de permanencia las políticas sectoriales que impacten de mejor manera en el medio rural y que nos ayuden a dinamizar el medio rural.

Que sea trasversal.

—Absolutamente, porque intervienen todos los departamentos. No tengo especiales prisas, pero querría que saliera este semestre. No es una ley específica sino multisectorial para el medio rural.

Leyes, estrategias... ¿y la aplicación práctica que es lo complicado?

—Todo vale para la causa. El mensaje de que aquí no se está haciendo nada es falso. Si no fuera por el trabajo de las administraciones públicas, especialmente de las regiones y de las diputaciones provinciales, las cosas serían muy distintas. Nuestros pueblos no tienen nada que ver a cómo estaban hace 20 años, otra cosa es que permanentemente tengamos que defender un mensaje de mejora de todos esos servicios y de políticas que impactan en el medio rural. Por esto, en la ley pretendo establecer la perspectiva del reto demográfico cuando elaboraremos cualquier norma, que no nos olvidemos del impacto que pueden tener en el medio rural y en la población que vive allí. Que se haga un seguimiento de la producción normativa y de las convocatorias de subvenciones para que se tenga en cuenta siempre el impacto de una norma concreta o general en el medio rural. Cuando hagamos una ley de vivienda, tiene que tener un capítulo específico sobre las políticas en el medio rural. Si le damos unos principios orientados a esta ley que tengan vocación de permanencia, habremos hecho un buen documento.

¿Y la coordinación entre las administraciones?

—Me gusta que haya políticas que tengan abordaje conjunto entre las administraciones, Comunidades Autónomas y Diputaciones, para evitar duplicidades e incidir mejor, que tengan mejores resultados.