Joaquín Guerrero: "Era un caso complicado, pero existían razones sólidas y me sentía involucrado"

“Ha sido un caso muy complicado pero existían precedentes importantes”, señala Joaquín Guerrero que defiende al Obispado de Barbastro-Monzón desde el inicio de la demanda por vía civil en el Juzgado de Barbastro. El abogado aceptó el reto del litigio porque se lo pidió el obispo Ángel Pérez que dio el paso porque “era su obligación defender la Diócesis”. A partir de entonces “he pasado miles de horas con este pleito que no me ha quitado el sueño pero he visto amanecer muchos días”, señala en la extensa entrevista concedida con antelación a la cuarta y última entrega de las 41 obras pendientes hasta completar la colección de 111 que devuelve el Museo de Lérida por ejecución provisional de la sentencia.

Guerrero señala que “en el litigio han maquinado muchas formas para no devolver los bienes”. El acto de conciliación previa fue “muy importante” y después ha habido “muchos momentos complicados porque la oposición ha sido permanente y sagaz con más de 20.000 folios para presentar todas excepciones posibles y decenas de recursos en este conflicto jurídico de índole civil”. Guerrero destaca la “solidez” de la sentencia del juez Carlos Lobón.

Hipólito Gómez de las Roces defendió al obispado de Barbastro en el proceso canónico (1995-2008) pero quien ha conseguido la devolución de los bienes ha sido Vd. en menos de tres años por ejecución provisional de la sentencia por vía civil, ¿cuáles han sido las claves esenciales?

—Realmente ha sido un caso muy complicado pero existían unos precedentes importantes: el conflicto eclesiástico en el que el más alto tribunal de la Iglesia había resuelto que esos bienes eran de las parroquias aragonesas; el “caso Sijena” en el que, aunque por otros fundamentos, se consiguió en ejecución provisional la vuelta de ciertos bienes retenidos en Cataluña; y el juicio seguido en Lérida, interviniendo Hipólito Gómez de la Roces en defensa de los derechos aragoneses y en el que por sentencia firme se estableció que los bienes no eran del Obispado de Lérida. A mí me tocaba defender en vía civil que la propiedad era de las parroquias aragonesas y conseguir su retorno y las claves de obtenerlo han sido: tener razón jurídica, tener experiencia y creer que se defiende una causa noble y posible.

¿Cómo y quiénes le convencieron para aceptar este reto del litigio iniciado en 1995 y que ha durado 26 años?

—Me lo pidió Ángel Pérez, obispo que había heredado la “patata caliente” de este asunto que llevaba muchos años sin resolverse. Pero me convenció el que lo pedía un Obispo que consideraba que era su deber y que animaba a emprender el viaje de mil lenguas que empieza con el primer paso. Era un caso muy difícil, pero, tras estudiarlo, existían sólidas razones jurídicas para defenderlo, yo tenía la experiencia de cincuenta años de ejercicio de la profesión y me sentía involucrado desde hacia años en el seguimiento de esta noble causa.

En trece años del proceso canónico, todos los decretos de la Congregación para los Obispos, de la Signatura Apostólica y de la Rota Romana han sido favorables a Barbastro-Monzón. Los obispos de Lérida los han acatado sin devolver las obras, ¿por qué?

—Acataban teóricamente lo resuelto por el tribunal Eclesiástico pero sabían que la Iglesia no podía ejecutar en vía civil lo resuelto y por ello su “acatamiento” eran tan falso que al mismo tiempo maquinaban formas para no devolver los bienes, como el introducirlos en un museo regido por un Consorcio presidido por la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña, lo que servía para echarle las culpas de la no devolución.

En medio el intento del exequatur sin resultados en el Juzgado de Barbastro ni en la Audiencia Provincial. ¿Ha sido lo único que no ha ganado el Obispado?

—Cierto pero era previsible pues el acuerdo internacional que regulaba el exequatur contemplaba la eficacia civil de las sentencias canónicas pero sólo -soy abogado rotal- en las causas matrimoniales. Creo que se intentó como posibilidad remota de evitar el largo juicio que luego se ha tenido que seguir.

¿Qué pensó cuando el obispo Ángel Pérez se decidió por la demanda civil, le asesoró antes de dar ese paso, inusual e inédito en un prelado?

—Pensé que era un asunto novedoso que merecía estudiarse y, luego, anticipé que sería complicado pero que la razón y el Derecho estaban de parte de las parroquias propietarias… y don Ángel consciente de que era a meterse en un conflicto que casi “olía” a imposible de resolver, que podría ser mal interpretado y especialmente peliagudo en una situación política compleja pero que era su obligación defender a su Diócesis, decidió dar el paso.

El acto de conciliación previa ¿cree que fue clave en la estrategia?

—El acto de conciliación fue muy importante por cuanto el actual Obispo de Lérida tuvo que reconocer ante un juez civil que los 111 bienes eran de las parroquias aragonesas y que sabía que tenía que devolverlos pero el Consorcio no le dejaba… luego ha llegado a desmentir lo dicho pero, independientemente de los calificativos que merezca, en derecho nadie puede ir contra sus propios actos.

¿En qué aspectos se ha basado con el Gobierno de Aragón de parte coadyuvante?

—Una vez iniciado el proceso, ha comparecido el Gobierno de Aragón para coadyuvar en el juicio pues se trata de bienes declarados de interés cultural aragonés. El trabajo del abogado don Alberto Gimeno ha sido una gran ayuda.

¿Cuáles han sido los momentos más complicados desde el 13 de febrero de 2018 cuando se presentó la demanda en el Juzgado?

—Ha sido muchos, pues la oposición ha sido permanente y sagaz. Más de veinte mil folios presentando todas excepciones posibles y decenas de recursos.

A pesar de todo, el obispo de Lérida no ha retirado los recursos del Juzgado ni de la Audiencia Provincial y seguirá adelante en su postura de defender la propiedad según informó el pasado 2 de marzo.

—Así es. Es otra de las contradicciones que sólo él podrá explicar, por cuanto además lo único que esta declarado por un juzgado (en este caso de Lérida) en sentencia firme, es que los bienes no son del Obispado de Lérida (quizá no lo sepa pues fue en tiempo de su antecesor) pero sigue absurdamente manteniendo que algunos son suyos, y eso sí, los más valiosos.

¿Ha habido caminos para el diálogo y el entendimiento para solucionar el litigio entre dos “diócesis hermanas”?

—Desde el primer momento mantuve que es un conflicto jurídico, de índole civil (“El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”), pues no es un conflicto político (aunque el elemento político a veces lo haya invadido); no es un conflicto Social (aunque alguien quisiera con él enfrentar a vecinos); no es un conflicto estrictamente religioso (aunque alguien lo presentara bajo ese prisma); no es un conflicto entre el Gobierno de Aragón y el de Cataluña (aunque intervengan como coadyuvantes); no es conflicto de la Franja (término equívoco en el se busca lo que no hay); no es problema histórico (aunque la historia lo aclare)… y por el Obispado de Barbastro-Monzón se han ofrecido sistemas de cooperación siempre que quedara clara la propiedad de las parroquias aragonesas dueñas.

La ejecución provisional ¿qué garantías ofrece para que las 111 obras y piezas de arte sigan en el Museo Diocesano?

—La sentencia establece que se entreguen en la sede del Obispado de Barbastro-Monzón y el Museo Diocesano es el lugar adecuado especialmente por cuanto el asunto no queda zanjado de forma definitiva hasta que sea firme sentencia ahora recurrida en apelación.

¿Quiénes ha hecho posible que las 111 obras estén en Barbastro-Monzón desde que salieron de las parroquias entre 1889 y 1905 en la etapa del obispo Messeguer y en la más reciente del proceso desde 1995 hasta 2021?

—Yo diría que este retorno de bienes está asociado gozosamente a nombres como el de Ambrosio Echebarría, quien inició hace más de veinticinco años el camino y logró las primeras decisiones firmes de la Santa Sede a favor de la tesis de que los bienes pertenecen a las parroquias transferidas siempre con la obstrucción del Obispado de Lérida; Alfonso Milián, que, además de ser el Obispo bajo cuyo mandato se produjo la sentencia definitiva de la Signatura Apostólica y tener que soportar todo el peso del litigio promovido por los Amigos del Museo de Lérida, consiguió los dos acuerdos firmados con los Prelados ilerdenses donde se reconoce la propiedad de los bienes a favor de las parroquias transferidas; Enrique Calvera, fallecido recientemente; Pedro Escartín, luchador y memoria de esta causa; Hipólito Gómez de la Roces, consiguiendo que por primera vez un juzgado civil estableciera en firme que estos bienes no pertenecían al Obispado de Lérida; Jorge Español, trabajador incansable de la recuperación de bienes aragoneses como los de Sijena y cuya experiencia me ha servido mucho; Alberto Gimeno, gran abogado coadyuvante; Ángel Huguet, periodista que con rigor ha seguido desde el principio lo acaecido en este proceloso litigio; sabios como Domingo Buesa o Antonio Naval cuyos dictámenes rigurosos han sido de gran apoyo a la causa… y sobre todo Ángel Pérez Pueyo a quien yo denomino ”El valiente”, obispo de Barbastro- Monzón, que ha hecho posible el sueño de tantos aragoneses.