El PP califica de “ataque frontal” a la ganadería extensiva el blindaje del lobo

El Partido Popular se ha mostrado completamente contrario a la declaración del lobo como especie protegida anunciada en el BOE este martes. Considera que el último decreto publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica es un “ataque frontal” a la ganadería extensiva y un golpe a la lucha contra la despoblación, tomada con el voto a favor del Partido Socialista del Gobierno aragonés, sin consenso ni diálogo con el resto del territorio.

“Y que no cuenten otra historia, que no intenten engañar”, ha sentenciado el presidente provincial de los Populares en Huesca, Gerardo Oliván, porque para el líder del PP oscense esta Orden Ministerial deja con las “manos atadas” a los ganaderos y no es más que “otra vuelta de tuerca” a la problemática que sufre la práctica extensiva en el territorio altoaragonés.

El diputado autonómico del Partido Popular, Antonio Romero, ha querido ir más allá asegurando que el Gobierno de Aragón se ha mostrado “sumiso” protegiendo al lobo y no a los ganaderos. “Podemos vivir sin lobos, pero es imposible que vivamos sin ganadería extensiva y los beneficios que reporta”, ha completado, además de asumir que causará un daño irreparable contra el medio rural acentuado la despoblación de la provincia.

Desde el Partido Popular advierten que los argumentos presentados por el Ministerio han sido muy poco contundentes y por tanto, nada convincentes, apoyándose en los postulados de las agrupaciones ecologistas y teorías “buenistas” que indica que los ganaderos deben convivir con el lobo, siendo que “es imposible la convivencia de la ganadería extensiva con los depredadores”, ha remarcado Antonio Romero.

En el año 2017 apareció el primer lobo en Monegros. Desde entonces se han detectado dos más en la comarca de La Ribagorza y en la Jacetania. Con la normativa europea en la mano, el Partido Popular acusa al Gobierno aragonés de inacción durante los últimos años hasta que tarde o temprano el problema emergente sea irreversible.

A su vez, han criticado la próxima implantación del decreto transitorio de la PAC 2021-2022, una normativa que pone en peligro la viabilidad de pequeñas y medianas explotaciones ganaderas del Alto Aragón, afectando a más de 2.000 ganaderos de toda la provincia y poniendo en juego 25 millones de euros.