Olona abandera la posición de las CCAA sobre depuración

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, defendió ayer en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, celebrado en Bruselas, la posición común de las Comunidades Autónomas (CCAA) en relación a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, tema elegido para trabajar durantelos primeros seis meses del año.

Y es que desde enero, Aragón lidera la representación de las Comunidades Autónomas en los Consejos de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Esta representación se enmarca dentro de los mecanismos de participación de las comunidades en los asuntos de la UE, como respuesta a la demanda de las regiones de una mayor presencia en la elaboración, aplicación y seguimiento de las disposiciones y normativas comunitarias.

En este marco, Olona acompañó al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que participó en representación de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La nueva directiva en materia de aguas residuales, de la que ayer se tomó el pulso sobre los avances de su legislación, persigue como objetivos primordiales la protección del medio ambiente y de la salud humana, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la gobernanza y la transparencia del sector, un mejor acceso al saneamiento y, tras la reciente crisis de la covid, el control periódico de los parámetros pertinentes para la salud pública en las aguas residuales urbanas.

Al término del Consejo, Olona, que dijo que directiva ya tienes una antigüedad de 30 años, explicó que además de la contribución al diseño de la nueva normativa, “estamos contribuyendo a la preparación de la Presidencia española, en el segundo semestre de este año”. Para ello, se desarrolla el trababajo de la directiva, “que es un gran reto para nosotros”.

El consejero, por otra parte, quiso destacar el trabajo de Javier Loren, funcionario del departamento que ayer le acompañó en Bruselas y que se está encargando de llevar a cabo la coordinación entre las comunidades, y de Ana Ramas y Carlos Gómez, de la Oficina de Aragón en Bruselas.

La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas se adoptó en 1991. El objetivo era “proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de aguas residuales urbanas y procedentes de determinados sectores industriales”. Los Estados miembros debían velar porque las aguas residuales de todas las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes se recogieran y tratasen con arreglo a las normas mínimas de la UE. Los Estados miembros también debían designar ‘zonas sensibles’ con arreglo a los criterios incluidos en la Directiva a las que se aplicarían normas y plazos más estrictos.

En 2019 se concluyó una evaluación en profundidad de la Directiva, que confirmó que la aplicación de ésta ha dado lugar a una reducción significativa de los vertidos contaminantes. En toda la UE, las aguas residuales de unas 22.000 ciudades que representan la contaminación de unos 520 millones de habitantes equivalentes (h-e) son tratadas en sistemas centralizados.

El principal objetivo de la nueva directiva es abordar estos tres retos con una buena relación coste/eficacia, al mismo tiempo que se trata de garantizar una aplicación y un cumplimiento adecuados de sus exigencias. 

Situación en Europa

El 98 % de las aguas residuales de la UE se recogen adecuadamente y el 92 % se tratan correctamente, aunque unos pocos Estados miembros todavía tienen dificultades para alcanzar el pleno cumplimiento, señalan desde la DGA. Las mismas fuentes explican que los fondos europeos proporcionan un apoyo esencial para ayudar a los Estados miembros a realizar las inversiones necesarias. Por término medio, cada año se destinan 2.000 millones de euros a inversiones en abastecimiento y saneamiento de agua en la UE.