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Familias de Caneto denuncian el silencio de la DGA mientras los niños siguen sin clases

La comunidad educativa ha denunciado que a fecha de hoy desconocen con qué familias se comunica el Gobierno para buscar una solución

Escuela de Caneto.
Escuela de Caneto.
Laura Ayerbe

La comunidad educativa de Caneto (Huesca) ha denunciado el silencio del Gobierno de Aragón mes y medio después del cierre de la escuela que ha dejado fuera del sistema educativo, denuncian, a 21 niños.

La comunidad apunta en una nota de prensa que a fecha de hoy desconocen con qué familias se comunica el Gobierno de Aragón para buscar una solución al cierre de las aulas y lamenta que se ha puesto en contacto por correo electrónico para buscar un acercamiento y verificar qué pasos se están dando para el nuevo centro educativo prometido en la reunión del pasado 21 de noviembre sin que hayan tenido respuesta.

Ese día, en una visita a la población, el director general de Personal, Formación e Innovación del Departamento de Educación, José María Cabello, se mostró abierto a que se pueda mantener un aula escolar en Caneto, siempre que sea "dentro de la legalidad".

A día de hoy, los 21 niños de Caneto están fuera del sistema escolar y son los padres y profesores voluntarios los que los atienden, porque no aceptan la alternativa propuesta por el ejecutivo para trasladarlos al colegio de Tierrantona.

Recuerda en este sentido la comunidad educativa que ya solicitaron en su día la anulación del transporte escolar para trasladarlos, que sigue acudiendo cada mañana pese al peligro que suponen las carreteras de Caneto durante el clima invernal.

Las familias han criticado además que se haya iniciado el protocolo de absentismo escolar y denuncia la "falta de consideración y comprensión".

Añaden además que el Ayuntamiento de La Fueva, al que pertenece Caneto, ha cumplido con la presentación de la documentación necesaria ante el departamento de Urbanismo para facilitar la apertura del nuevo centro escolar en la población, si bien entienden que la falta de voluntad política para acelerar este proceso es "evidente".

La vida de las familias afectadas se ha visto "truncada", añaden en el comunicado, en el que agregan que la desconfianza de encontrar una solución con la administración "aumenta día a día" y aseveran que seguirán reivindicando los derechos del mundo rural y sus infraestructuras.