Más de 70 alcaldes se plantean instalar cámaras de videovigilancia para aumentar la seguridad

La seguridad en el medio rural altoaragonés es una cuestión de máxima prioridad para los alcaldes, la Delegación del Gobierno en Aragón y la Diputación Provincial de Huesca. Así ha quedado demostrado en la jornada informativa celebrada este martes en Huesca, a la que han acudido representantes de más de 70 municipios. 

En la reunión han estado presentes Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, Isaac Claver, presidente de la DPH y José Carlos Campo, subdelegado del Gobierno en la provincia de Huesca. Todos, instituciones y alcaldes, subrayaron la necesidad de que aumente el número de municipios que cuenta con estos equipos.

El objetivo del encuentro era dar a conocer el proceso de solicitud para la instalación de cámaras de seguridad en los términos municipales, una herramienta que puede servir en las zonas menos pobladas para complementar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No es baladí, ya que los alcaldes también han trasladado su preocupación ante el aumento de robos y delitos en zonas con escasa población.

Con tal de impulsar estas medidas, Isaac Claver ha anunciado que la institución provincial ultima un Plan de Seguridad Territorial que incluye el acompañamiento técnico y ayudas directas a los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, a los que dotará de una ayuda económica para su adquisición. Contará con una partida inicial de 50.000 euros, aunque será ampliable conforme se reclamen más.

Para Fernando Beltrán, “tienen por un lado un componente disuasorio para potenciales personas que se planteen un hecho ilícito, y por otro son un elemento fundamental para la investigación, ya que en Aragón son numerosos los delitos que se han esclarecido gracias a las imágenes de seguridad”.

Claver ha apuntado en la misma dirección: “Estamos convencidos de que las nuevas herramientas digitales son muy útiles y disuasorias de los efectos nocivos que produce la criminalidad. Y nuestra finalidad es dar voz a los alcaldes, sentir sus preocupaciones y, en este caso y aunque no sea nuestra competencia, ayudarles a combatir la inseguridad en el territorio”.

En la provincia, son ya 16 las localidades que cuentan con un sistema de videovigilancia autorizado (Alcubierre, Altorricón, Arén, Barbastro, Binéfar, Canfranc, Chimillas, Fraga, Graus, Huesca, Monzón, Poleñino, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Tierz y Torres de Barbués) y cinco se encuentran en trámite tras haberlas solicitado (Banastás, Casbas de Huesca, Sariñenta, Senés de Alcubierre y Torrente de Cinca). 

Beltrán ha señalado que “esperamos que este número se incremente próximamente, porque son varios los alcaldes y alcaldesas que han mostrado su interés, dado que hay una relación directa entre la instalación de cámaras y la reducción de la criminalidad”.

Las solicitudes para implantar sistemas de videovigilancia se tramitan precisamente a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, mientras que la autorización es competencia de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón. Esta Comisión está presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), y la conforman la Fiscal Jefe del TSJA, un Abogado del Estado, el Secretario General y la Jefa de Derechos Ciudadanos de la Delegación del Gobierno en Aragón y un representante de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.

Se sienten “desprotegidos”

Los más de 70 alcaldes reunidos han trasladado la preocupación de los pueblos. “Llevamos una temporada en la que no dejamos de tener gamberrismo e incluso robos”, explica el alcalde de Lalueza, Julio Sampériz, quien dijo sentirse “desprotegido”. “Las Fuerzas del Orden hacen lo que pueden pero no dan abasto ante la avalancha de delitos”, comenta acerca de la situación en Los Monegros.

Su objetivo es instalar cámaras para “controlar las entradas a Lalueza, San Lorenzo del Flumen y Marcén, además de las piscinas municipales que es “donde más robos hemos tenido este verano”.

Para el alcalde de La Fueva, Jesús Solano, la prioridad es tener videovigilancia en el castillo de Muro de Roda: “al arreglar el acceso está llegando mucha más gente y nos da miedo el vandalismo”, detalla. “Permitiría tener un control en zonas muy deshabitadas”, ya que en este castillo del siglo XI “hay gente que ha abierto las tumbas y se ha llevado objetos”.

En Biescas, sin Policía Local ni cámaras, la Guardia Civil puede tardar demasiado en intervenir. Su alcaldesa, Nuria Cargada, espera poder instalar cámaras de seguridad “como alternativa a la falta de medios”. Pretenden cubrir, inicialmente, la zona deportiva y el centro del pueblo, las ubicaciones en las que “más problemas de vandalismo tenemos”, explica la regidora