Acuerdo por el caso de agresión sexual en Sallent de Gállego

Los abogados de las acusaciones y la defensa por el caso de una agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal y anal además de mantener un abuso de relación de superioridad por parte de un joven de 18 años a una menor de 13 en agosto de 2021 en Sallent de Gállego, han alcanzado un acuerdo para rebajar la petición de condena de 15 años de prisión establecida a tres y un incremento de la indemnización del acusado sobre la víctima, según han acordado  las partes este miércoles en la Audiencia Provincial de Huesca.

Según ha podido conocer este periódico de mano de los letrados, se han aplicado las atenuantes de que el acusado no tenía antecedentes penales,  ha cumplido con la responsabilidad civil por elevar la indemnización, el breve intervalo de edad que separaba a ambos y el hecho de que el acusado no presentaba antecedentes penales.

Se da la circunstancia de que tanto el acusado como la víctima se conocían dos años antes de que se produjeran los hechos que se han enjuiciado y habían quedado en Sallent, donde veraneaban con sus respectivas familias. El acusado fue detenido e investigado por los hechos el 12 de agosto y la Fiscalía reclamó una condena de 15 años prisión en concepto de autor. 

No fue hasta octubre del 2021 cuando la víctima presentó la denuncia tras contarle lo sucedido a los padres.

En declaraciones a los medios, el letrado de la defensa, Javier Ferreira, ha comentado que el acuerdo entre las partes "ha tenido lugar gracias a una serie de circunstancias atenuantes muy cualificadas como es la diferencia de edad escasa entre ambos, existe una reparación del daño y en el que ha habido cierta dilación indebida".

Si bien el letrado no ha precisado la cantidad del pago de la indemnización a la víctima del que se ha acordado un incremento,  ha matizado "que ya está hecha en parte".

Además, ha comentado que la condena lleva aparejada "unas órdenes de alejamiento de 13 años y una libertad vigilada de 5 años para mi cliente".

Asimismo ha señalado que las medidas "no suponen ningún problema" para su cliente al residir en Andalucía y ha dejado claro que tanto el acusado como la menor "no se han vuelto a ver desde que ocurrieron los hechos".

En cuanto al establecimiento de la condena de tres años de cárcel, ha dejado claro que "hay que pedir una suspensión de la pena de prisión". En este sentido se ha referido a que "el código penal la concede casi de forma automática cuando es a dos años". Además ha comentado que "existe un compromiso por parte de la acusación de que al haberse producido una importante reparación del daño y de la edad del menor, por lo que no se van a oponer a la suspensión de prisión que hagamos nosotros".

En cuanto a los cinco años de liberta vigilada para su representado, "deberá ser el juzgado competente quien le ordene realizar o no un curso de rehabilitación o acudir cada cierto tiempo al juzgado". En cualquier caso, ha indicado que el acusado "ha estado presentándose a firmar al juzgado en la ciudad que reside en Andalucía y lo ha cumplido a rajatabla".