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Cambiar Monzón quiere que no prorrogue la autorización ambiental de la central de biomasa

La formación va a pedir al Gobierno de Aragón que someta el procedimiento a nuevos trámites

Cambiar Monzón quiere que no prorrogue la autorización ambiental de la central de biomasa
Cambiar Monzón quiere que no prorrogue la autorización ambiental de la central de biomasa

MONZÓN.- La formación Cambiar Monzón va a solicitar al Gobierno de Aragón que no prorrogue la autorización ambiental otorgada para la central de biomasa de 170 MWt que la empresa Solmasol I, S.L., filial de Forestalia, tenía intención de construir en la capital ribereña, y que someta el procedimiento a nuevos trámites.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, en la respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de IU, explicó que el promotor no ha solicitado ningún tipo de autorización para los cambios de plantaciones forestales en campos de cultivo, ni la de ocupación temporal del dominio pecuario por su afección a la Cañada Real, ni la concesión del uso privativo del dominio público forestal para la ocupación de terrenos pertenecientes al monte de utilidad pública.

Asimismo, tampoco ha comunicado fecha prevista de inicio de las obras ni han entrado en funcionamiento los monitores de medición de benzopireno ("que deberían haberlo hecho -indica Cambiar- con al menos dos años de antelación al periodo de pruebas de la central térmica, por una modificación en una resolución de 2017").

Miguel Aso, portavoz de Cambiar, declaró "Es imposible que la empresa comience la actividad en las fechas previstas y, además, no ha cumplido con los mínimos requisitos temporales exigidos".

Cambiar recuerda que la resolución del Inaga del 6 de agosto de 2015 en la que formuló la declaración de impacto ambiental y otorgó la autorización ambiental integrada, estaba supeditaba al cumplimiento de diverso condicionado y establecía un periodo de caducidad de cuatro años si no se iniciaba la ejecución del proyecto o el promotor anunciaba su intención de llevarlo a cabo.

También se estipuló que el plazo desde la notificación de la resolución y el comienzo de la actividad debería ser inferior a cinco años.

Aso añadió: "La resolución caduca transcurridos cinco años, es decir, el 1 de septiembre de 2020, siempre que el promotor no solicite la prórroga. No tiene sentido prorrogar una autorización que no ha ejecutado en el tiempo dado ni una sola de las prescripciones importantes relativas a la puesta en marcha del proyecto".

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