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Desalojado el camping de Zuriza con el auxilio de la Guardia Civil

La instalación se cerró en diciembre al incumplirse el contrato por parte de los adjudicatarios

Instalaciones del camping de Zuriza, en el Parque Natural de los Valles Occidentales.
Instalaciones del camping de Zuriza, en el Parque Natural de los Valles Occidentales.
S.E.

La Mancomunidad Forestal Ansó-Fago, titular del monte donde se ubica el camping de Zuriza, se vio obligada recientemente a solicitar el auxilio de la Guardia Civil para ejecutar el desahucio administrativo de este alojamiento al aire libre, ante la negativa de sus antiguos adjudicatarios a abandonar voluntariamente las instalaciones, que están cerradas desde el día 20 de diciembre.

Según Montse Castán, presidenta de la mancomunidad, el cierre obedece al incumplimiento del contrato y en concreto, “al impago del alquiler” por parte de los que eran sus responsables. Además, lamentó “la mala gestión” de los adjudicatarios, ya que “la falta de mantenimiento” acabó redundando en la pérdida de calidad que denunciaban los usuarios.

El futuro del camping pasa por “desalojar todo y luego mejorar la propiedad y rehabilitar los servicios (baños, luz, etc…) para hacer una reapertura digna”, como ha explicado la también alcaldesa de Ansó, agregando que “es muy difícil que esté abierto para verano, porque además coincide con cambio de Ayuntamiento”, ante las elecciones de mayo.

“Es de máximo interés para la Mancomunidad poner de nuevo en servicio este camping”, ha aclarado Montse Castán, recordando que la instalación -abierta en los años 80- “es importante como alojamiento y para actividades turísticas porque genera economía y puestos de trabajo”.

El cierre del camping de Zuriza se prolongará hasta que se vuelva a adjudicar el contrato, una vez ejecutadas las obras necesarias para poner en condiciones sus instalaciones, en las que sigue habiendo estructuras parasol desmontables y vehículos particulares. La Mancomunidad, con la supervisión de la Guardia Civil, facilita su retirada, fijando un plazo de tres meses para el desalojo total de las parcelas.