Piden a Francia la entrega de Ata para juzgarle por el asesinato de Giménez Abad

La Audiencia Nacional ha pedido a Francia la entrega del exjefe etarra Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, para poder juzgarle en España por el asesinato del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad, el 6 de mayo del año 2001, en una fecha que ha sido señalada de forma provisional para el próximo 3 de julio. Para asegurar su presencia en ese juicio, en el que también está acusada la etarra Miren Itxaso Zaldua, la sección primera de lo Penal, a petición de la Fiscalía, acuerda “la detención y prisión provisional de Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe con la finalidad de solicitar su entrega temporal a las autoridades judiciales de Francia”, donde cumple condena.

En su auto, al que ha tenido acceso Efe, la Sala expone que existen indicios suficientes “para formular acusación contra el procesado por un delito castigado con pena de 30 años de prisión, lo que hace imprescindible su presencia en el juicio oral y las circunstancias concurrentes hacen inviables cualquier otra medida cautelar distinta para evitar el riesgo de fuga”.

En la vista previa a esta decisión de la Sala, la Fiscalía reiteró su petición de que se emitiese una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para poder juzgar a Ata, mientras que la defensa del etarra alegó que el país galo, donde cumple actualmente cadena perpetua, no autorizó su entrega por estos hechos.

En contra de ese argumento, la Fiscalía recordó que ya se emitió en 2015 una OEDE para practicar una serie de diligencias en el marco de la instrucción de este asesinato, pero que Francia nunca contestó, y por eso consideró procedente cursar una nueva para el enjuiciamiento.

Al no recibir respuesta de Francia durante la instrucción, que fue reabierta al identificar el hijo de Giménez Abad, que le acompañaba cuando se produjo el crimen, al exjefe etarra, el juez cursó una comisión rogatoria, que fue supervisada por un magistrado francés, para interrogarle en Francia y practicar allí una rueda de reconocimiento.

El ministerio público acusa a Carrera Sarobe y a Zaldua, a los que sitúa en esas fechas en el llamado comando Basajaun- de un delito de asesinato terrorista con la agravante de alevosía y, además de la pena de prisión, pide al tribunal que les prohíba aproximarse a menos de un kilómetro de la ciudad de Zaragoza durante cinco años y que indemnicen a la viuda e hijos con 150.000 euros cada uno