Ecologistas ven "inadmisible" ampliar Cerler en un escenario de cambio climático

ZARAGOZA.- Organizaciones ecologistas han considerado este martes "inadmisible" la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón de permitir el inicio de las obras de ampliación de la estación de esquí de Cerler, en el Pirineo de Huesca, en un escenario de "emergencia climática".

En un comunicado conjunto, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Seo/Birdlife y World Wide Foundation (WWF) lamentan la apuesta hecha en Aragón por incrementar las infraestructuras de esquí, "abundando en un modelo urbanístico y de turismo obsoleto que generará enormes pérdidas económicas a la sociedad".

Los conservacionistas, para quien el inicio de estas obras "reactiva un proyecto que nunca debió autorizarse", reclaman la paralización de los trabajos de ampliación de la estación y el destino de los recursos previstos en proyectos de desarrollo sostenible del territorio.

Denuncian que el proyecto, cuyas obras se iniciaron el pasado 12 de septiembre, se apoya en una declaración de impacto ambiental aprobada en 2010 y, subrayan, "prorrogada sucesivas veces a instancia del promotor, Aramón", sociedad constituida por el Gobierno aragonés e Ibercaja.

Los ecologistas advierten, además, que el Ejecutivo regional valora declarar las obras como Proyecto de Interés General para Aragón, que conllevaría una "mayor flexibilidad y laxitud" a la hora de conseguir permisos y licencias, así como de llevar a cabo expropiaciones.

A juicio de estas organizaciones, Aramón está incumpliendo, además, uno de los condicionantes establecidos en la declaración de impacto, la redacción de un estudio pormenorizado de los restos arqueológicos hallados en la zona de las obras.

En este sentido, agregan que la ausencia de este estudio ha obligado al Gobierno aragonés a paralizar temporalmente las obras que había autorizado con anterioridad.

Consideran, además, que el hecho de que la consejera de Economía del Gobierno aragonés, Marta Gastón, presida al mismo tiempo el consejo de administración de Aramón da lugar a "situaciones sospechosas".

En relación a este punto, añaden estas organizaciones, que forman parte de la Plataforma en Defensa de las Montañas (PDMA), que las solicitudes de información hechas a distintos departamentos del Gobierno aragonés se han traducido tan solo en una "respuesta incompleta".

En dicha respuesta, el Ejecutivo aragonés asegura haber llevado a cabo los estudios e informes exigidos en la declaración de impacto ambiental, pero no los aporta para su revisión.

Por esta razón, las organizaciones denunciantes aseguran tener "razones para dudar de su calidad y ajuste a la nueva normativa ambiental".

En este sentido, advierten que en la zona de las obras se han avistado ejemplares de oso pardo y lobo, especies en peligro de extinción cuya presencia no se contemplan en la declaración de impacto ambiental elaborada inicialmente.

Para estas organizaciones, el anuncio hecho en relación a las obras iniciadas es un intento de "convencer a los desorientados socios del Gobierno aragonés de que es un proyecto nuevo, en cuyo caso -destacan- carecería de declaración de impacto y los promotores tendrían que empezar de nuevo".

Señalan que la ampliación de las pistas de esquí de Cerler por Castanesa es un proyecto que se gestó en los años previos a la burbuja inmobiliaria y que pretendía construir unas 4.500 segundas residencias, casi todas en el mismo valle del municipio de Montanuy.

La anulación del PGOU de Montanuy por parte del Tribunal Supremo y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria llevó a las asociaciones ecologistas a valorar la posibilidad de que el proyecto hubiera sido abandonado de forma definitiva.

El anuncio hecho el pasado mes de marzo por la consejera Gastón de inicio de las obras con un presupuesto de 40 millones de euros motivó la reactivación de la oposición ecologista al proyecto.

Los conservacionistas han pedido información al Ayuntamiento de Montanuy hace más de cuatro meses, sin que se les haya facilitado, incumpliéndose así la ley de transparencia.

Tampoco se ha especificado de donde van a salir los 40 millones de euros en que se estima el coste del 'nuevo' proyecto.

Tras alertar de que el mercado inmobiliario continúa en crisis y de que el cambio climático es "cada día más evidente", recuerdan que la inversión hecha cuatro años atrás por Aramón a través de la sociedad Castanesa Nieve para la adquisición de praderas que el consistorio convirtió en terreno urbanizable no han impedido el proceso de despoblación de la zona.

Señalan que si Aramón hubiera dejado caducar la declaración de impacto prorrogada, Castanesa Nieve tendría que haber quebrado y Aramón haberse apuntado 35 millones en su balance de pérdidas.

Para estas organizaciones ecologistas, "el Gobierno de Aragón es cómplice de un proyecto absurdo desde todos los puntos de vista, económico, ambiental y social. El uso de dinero público para defender oscuros intereses privados no es legítimo y puede constituir un delito de malversación".