Huesca

SANIDAD

Localizadores para sanitarios que trabajan fuera del centro

Cemsatse reparte estas pulseras ante el incremento de las agresiones

Localizadores para sanitarios que trabajan fuera del centro
Localizadores para sanitarios que trabajan fuera del centro
S.E.

HUESCA.- Ante la "inacción" del Gobierno de Aragón en materia de seguridad para los profesionales sanitarios, el sindicato Cemsatse ha comenzado a repartir aparatos geolocalizadores para que sean utilizados en los desplazamientos de médicos y enfermeros que acuden a visitar a pacientes fuera de los centros de salud.

En 2018 se produjeron 253 agresiones, según los datos facilitados por el Departamento de Sanidad a esta organización, que considera que la seguridad es un "elemento esencial" en el funcionamiento diario de la Sanidad aragonesa. Algo que, recuerdan. afecta no solo a 20.000 trabajadores -la mitad sanitarios- sino también a todos los pacientes que acuden a los centros de salud y hospitales.

Por ello, la semana pasada presentaron un escrito en el Gobierno de Aragón, dirigido a la consejera de Sanidad Pilar Ventura, en el que exige la implantación a lo largo de este año de cinco medidas para garantizar la seguridad de todo el personal de los centros de salud de Aragón. Las cinco actuaciones prioritarias que reclaman son: dotar con un vigilante de seguridad tanto los consultorios urbanos como rurales, instalar cámaras de videovigilancia, un "botón del pánico" en las mesas de trabajo, una "pulsera de geolocalización" para los profesionales cuando se desplazan fuera del centro y establecer multas de hasta 30.000 euros para los pacientes que cometan agresiones.

Cemsatse plantea la implantación "progresiva y paulatina" de estas medidas pero advierte de que, si en el plazo de un mes no ha habido una respuesta "real y efectiva", dará lugar a "la denuncia ante la autoridad laboral o la Inspección de Trabajo de la Administración empleadora y de los responsables del organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud de la situación, la exigencia de responsabilidad penal de las autoridades públicas responsables de la inactividad, por delito contra los derechos de los trabajadores, exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, ejercicio del derecho de huelga y otras medidas".

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