Huesca

URBANISMO

La Fiscalía General del Estado reabre la investigación del derribo en San Pedro

El Ministerio Fiscal oscense cerró el caso al desestimar de su intención el Consistorio

La Fiscalía General del Estado reabre la investigación del derribo en San Pedro
La Fiscalía General del Estado reabre la investigación del derribo en San Pedro
P.S.

HUESCA.- La Fiscalía General del Estado ha ordenado reabrir la investigación acerca de un presunto delito contra el patrimonio histórico que el Ayuntamiento habría cometido por incumplir su deber legal de conservar y mantener el número 1 de la plaza de San Pedro. La Fiscalía General del Estado confirmó este viernes a este periódico esa orden y que, "una vez se acaben las diligencias oportunas, se tomará la decisión más oportuna al respecto".

Hace apenas tres meses, en septiembre, el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado ya ordenó a la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo en Huesca que realizara una "investigación completa de los hechos" y que determinara las medidas cautelares que correspondiesen ante las intenciones del Ayuntamiento de derribar el edificio.

La Fiscalía General del Estado aceptaba así la petición que le había hecho la Asociación de Vecinos del Casco Viejo Osce Biella. La entidad vecinal había remitido al Ministerio Fiscal un informe elaborado junto a la Federación de Barrios Osca XXI, el Colectivo Ciudadano y Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés). En dicho documento se apuntaban las diferentes leyes de ámbito local, estatal, aragonés y europeo que conceden protección patrimonial al número 1 de la plaza San Pedro, entre otra cuestiones, por estar dentro del entorno de protección del BIC (Bien de Interés Cultural) de la iglesia de San Pedro el Viejo.

La delegación oscense de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo inició esa investigación pero decidió cerrarla debido a que el Ayuntamiento dio marcha atrás en su propósito de derribar el edificio una vez que la Comisión Provincial de Urbanismo acordó echar abajo el edificio pero mantener la fachada. La Comisión Provincial adoptó esta decisión cuando ya se sabía que el Ministerio Fiscal estaba investigando un supuesto delito contra el patrimonio por la demolición.

Sin embargo, este cierre de la investigación no es compartido por la Fiscalía General del Estado, que ha ordenado reabrir la investigación.

La Fiscalía oscense confirmó el viernes que las pesquisas se han reabierto y que a principios de diciembre se ha enviado un requerimiento de práctica de diligencias al Ayuntamiento.

Por su parte, el Consistorio indicó el vienes que ese requerimiento todavía no le ha sido notificado.

PSOE, CS Y VOX ACORDARON EL DERRIBO EN COMISIÓN

Fue en julio cuando la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento aprobó, con los votos a favor de PSOE, Cs y Vox y la oposición del PP y Con Huesca, derribar íntegramente el número 1 de San Pedro, fachada incluida.

La comisión hacía caso omiso de la petición de Osce Biella de preservar todo el edificio, o al menos la fachada, por sus valores arquitectónicos e históricos, así como por el entorno en el que se encuentra, el del BIC de la iglesia de San Pedro.

La decisión de PSOE, Cs y Vox optaba por un derribo completo del edificio, que cuenta con un grado de protección P4 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Pero el acuerdo del órgano municipal debía someterse al parecer de la Comisión Provincial de Urbanismo, a la que se envió una propuesta que incluía la obligatoriedad de levantar en el solar un edificio con estética similar al actual.

PSOE, Cs y Vox adoptaron esta decisión sobre todo por el aspecto económico, al considerar que el mantenimiento de la fachada sería excesivamente caro, unos 50.000 euros.

Además, el Ayuntamiento asumiría el derribo a través de un proceso de sustitución de la propiedad, ya que la empresa propietaria, Masari, ha desoído hasta la fecha los numerosos requerimientos para atender su obligación legal de conservación.

Ante esta decisión de la comisión del Ayuntamiento, Osce Biella remitió ese informe conjunto a la Fiscalía General del Estado, que ordenó abrir una investigación.

La apertura de esta investigación se conoció unas semanas antes de que el acuerdo municipal se tratara en la Comisión Provincial de Urbanismo, que el 29 de octubre aceptó el derribo del inmueble pero no el de la fachada, basándose en la protección del BIC y su entorno.

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