Varios colectivos piden al Justicia que investigue la situación actual de las residencias de mayores

ZARAGOZA.- Un grupo de colectivos y organizaciones sociales de la Comunidad autónoma han registrado este viernes, 8 de mayo, en la sede del Justicia de Aragón, una petición de investigación sobre la situación actual de las residencias de mayores en este territorio, tanto públicas, privadas o concertadas.

En una nota de prensa, han constatado que "desde hace tiempo" hay "deficiencias" en "muchas de ellas", que ahora, a causa de la pandemia de la COVID-19, "han salido a la luz", para precisar que, en Aragón, como en la mayoría de Comunidades autónomas, los casos de fallecimientos "se están produciendo en dichas residencias por no disponer de los medios adecuados".

Para estos colectivos, la atención a los mayores "debería ser una parte más de la asistencia sanitaria a la que todos tenemos derecho y no como ocurre ahora, que es un negocio para sacar pingues beneficios a costa de su salud".

Estas entidades sociales han hecho un llamamiento a suscribir y apoyar el Manifiesto por unas Residencias Públicas para todos a cuantas organizaciones y colectivos de Aragón crean "que ya es tiempo de cambiar y defender a ultranza lo público" porque "la salud y el bienestar de nuestros mayores no debe ser un negocio gestionado por empresas privadas y fondos de inversión.

Los colectivos firmantes de la queja y el manifiesto son la Plataforma de Pensionistas y Jubilados Aragón, el Espacio de Información, Promoción y Defensa de Derechos Sociales, el Observatorio de los Derechos Humanos, Stop Desahucios Zaragoza, la Coordinadora Provincial por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Huesca y la Asociación para la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC) Aragón.

MANIFIESTO

Estas entidades señalan en el manifiesto que, en 2018, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales solo tenía un 11 por ciento de las plazas residenciales para dependientes propias y un 7,4 por ciento de plazas concertadas, mientras que un 42 por ciento eran mercantiles de empresas capitalistas.

A su entender, la asistencia geriátrica "nunca debería ser un negocio, sino un servicio al alcance de todos los ciudadanos, algo que a día de hoy no sucede al no existir suficientes plazas públicas para todos los demandantes, que se ven abocados a tener que solicitar plaza en residencias privadas o concertadas".

Por eso, han considerado "urgente" disponer de residencias y plazas públicas" para todos", de acuerdo con la Ley de Atención a la Dependencia, que garantiza protección a todos los que han sido valorados como personas dependientes de grado II y III que así lo demanden.

Respecto a la investigación del Justicia de Aragón sobre la situación de estos establecimientos, estas organizaciones piden que sea "exhaustiva" y que sus conclusiones sean comunicadas al Gobierno de Aragón para instarle a tomar las medidas oportunas "para corregir la situación de manera prioritaria".