La Fiscalía de un juzgado de Huesca coincide con Fasamet en que los sanitarios estuvieron desprotegidos ante el coronavirus

HUESCA.-  El ministerio fiscal ha coincidido este jueves con la demanda de los sindicatos sanitarios en el juicio celebrado en Huesca contra el Gobierno de Aragón  por la falta de Equipos de Protección Individual (EPI). La Fiscalía ha entendido que la falta de medidas preventivas contra el covid produjo una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y una infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El  Juzgado de lo Social de Huesca  ha acogido este juicio que ha quedado visto para sentencia y que se ha celebrado de forma telemática. En la vista la DGA ha mantenido que en ningún caso su actuación vulneró al legislación de prevención de riesgos laborales ya que proporcionó equipos de protección en la medida en la que disponían de ellos. El letrado del Gobierno de Aragón también ha manifestado en el juicio que la pandemia de la Covid-19 causó una situación “de fuerza mayor” y “no previsible”, lo que debe eximirles de cualquier tipo de incumplimiento.

Por su parte, las organizaciones sindicales médicas han reiterado la acusación hacia la DGA de incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales durante el estado de alarma por no proporcionar a los sanitarios material de protección adecuada.

Este punto ha quedado vinculado a un daño al derecho fundamental de la vida y al de la integridad física de los sanitarios, tal y como ha planteado José Manuel Aspas, abogado de  la Federación Aragonesa de Médicos Titulares (Fasamet).

Así, José Manuel Aspas ha reclamado la estimación de la demanda al entender que los sanitarios fueron sometidos a una situación de “riesgo grave” al inicio de la pandemia. Este juicio, como el celebrado ya en Teruel y el que tendrá lugar el próximo 8 de junio de Zaragoza, se deriva de las medidas cautelarísimas solicitadas el pasado mes de marzo por Fasamet para reclamar la dotación de estos equipos a los profesionales sanitarios de las tres provincias aragonesas.

En el caso de ser estimada la demanda, la sentencia sería “meramente declarativa” y no supondría una condena a la DGA.