El popular Mario Garcés pide ayudas directas, especialmente para turismo y comercio, y medidas "coherentes y motivadas"

HUESCA.- El diputado nacional del PP por el Alto Aragón, Mario Garcés, ha reclamado este martes ayudas directas para las empresas, en especial para las más afectadas por las restricciones sanitarias, como las del sector turístico y comercial.

"El deterioro del Pirineo puede ser irreversible", ha proclamado Garcés, quien ha tildado de "errático" el actuar del Gobierno de Aragón y la DPH.

La fórmula de Garcés para financiar esas ayudas directas pasa, según ha explicado en rueda de prensa, por "bajar los impuestos" y "hacer desaparecer el gasto superfluo" con un plan que, pese a la bajada de impuestos, permitiría obtener 50.000 millones de euros que se destinarían a esas ayudas directas.

Garcés ha insistido en las "contradicciones" de las medidas que están tomando los gobiernos central y autonómico, haciendo hincapié en "la falta de motivación" de las mismas. "Queremos conocer porqué se toman estas decisiones cuando en otras partes del territorio hay situaciones diferentes", ha agregado.

En cuanto a los fondos de la UE contra la covid, ha criticado que "pasen por encima" de la provincia y su falta de transparencia, razones por las que ha emplazado a actuar a Javier Lambán y Miguel Gracia, presidentes de Aragón y la DPH, respectivamente.

Volviendo a la falta de ayudas directas, el diputado popular ha sostenido que la inexistencia de las mismas provocará "un deterioro casi irreversible".

En otro orden de cosas, Garcés también se ha referido a la prohibición de la caza del lobo -ya vetada por la UE con anterioridad y que ahora se ha incorporado al Listado de Especies Silvestres de España- para afirmar que "se puede llevar por delante la ganadería extensiva". "El animalismo no puede llevar a la negación del ser humano", ha declarado.

Otro asunto que ha tratado el popular es el de la okupación, afirmando que la provincia, "con 25 casos" el año pasado, "tiene ratios muy similares a Madrid y Barcelona", algo de lo que ha culpado al Gobierno central por modificar la norma que evita los desahucios de quienes ocupan viviendas de fondos buitres.