Aragón reclama un mayor compromiso económico del Estado con la educación superior

El Gobierno de Aragón ha vuelto a reclamar al Estado un mayor compromiso económico con la educación superior. Así lo ha trasladado esta tarde la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, al ministro de Universidades, Manuel Castells, en el transcurso de la Conferencia General de Política Universitaria, que reúne al Gobierno central con los representantes de la materia de las distintas comunidades autónomas y que ha abordado como único punto del orden del día el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Durante la sectorial -que se ha desarrollado de forma telemática y en la que ha participado también el director general de Universidades del Ejecutivo autonómico, Ramón Guirado-, Díaz ha exigido una mayor implicación financiera por parte de la administración central, que garantice el desarrollo de la futura normativa, especialmente, en lo que se refiere a la reducción de la temporalidad y la precariedad del personal docente investigador, que está cuantificado en 123,77 millones de euros para el conjunto de universidades públicas españolas.

Aragón ha defendido también un cambio de modelo para que sea el propio Ministerio el que, mediante financiación finalista, se haga cargo de todas aquellas iniciativas que ha lanzado o prevea lanzar en el futuro, como por ejemplo los sexenios de investigación, los recientemente aprobados sexenios de transferencia o los anunciados nuevos sexenios de docencia.

De esta forma, ha asegurado Díaz, se reforzaría la calidad en el servicio público que prestan las universidades, más allá de los incentivos que puedan desarrollar las Comunidades. En Aragón, tal y como ha subrayado la consejera, ya existe un contrato programa de calidad para el personal docente e investigador, dotado con 9 millones de euros, que refuerza con fondos autonómicos los méritos de investigación y docencia.

Desde la Comunidad se ha pedido también un mayor esfuerzo para disminuir la endogamia, uno de los objetivos de la LOSU que Aragón comparte, y garantizar la oferta y difusión de las nuevas plazas que se generen en los campus públicos. En este sentido, es de especial importancia destacar que el innovador portal de plazas que ha diseñado el Ministerio, basado en Euraxess, hasta ahora optativo, pase a ser un requerimiento para poder acceder a programas públicos de financiación por objetivos con la nueva LOSU.

Por otra parte, Díaz y Guirado han mostrado su total apoyo a la ley, en cuanto supone de avance en materia de igualdad, para romper los techos de cristal “tan intensos y presentes aún en la universidad española”. A este respecto, la futura norma persigue hacer efectivo el principio de composición equilibrada entre mujeres y hombres en las comisiones de selección de los concursos para el acceso a plaza de personal docente e investigador contratado y funcionario, las comisiones de evaluación de méritos para la obtención de acreditaciones, así como en las de evaluación y selección de convocatorias de proyectos de investigación científica y en los órganos colegiados de la universidad.

Asimismo, contempla medidas de acción positiva en los concursos de acceso a las plazas para favorecer el acceso de las mujeres y prevé analizar los usos del tiempo académico del personal docente e investigador para corregir posibles desigualdades por razón de género.

La sectorial forma parte de la ronda de contactos que ha iniciado el ministro tras la presentación del anteproyecto. La vocación del Ministerio es seguir trabajando con la comunidad universitaria los contenidos del mismo intentar lograr el mayor consenso posible. Esta misma semana, el ministro se reunió con colectivos de estudiantes para analizar los cambios que introduce la futura normativa y abordar, por ejemplo, una mayor presencia del estudiantado en la gobernanza universitaria y una mayor protección de sus derechos.

El ministro también ha mantenido varias reuniones con la CRUE en las últimas semanas y ha introducido modificaciones en la norma para atender las reivindicaciones de los rectores en cuanto a dar más autonomía a las universidades para decidir su propio gobierno y su claustro.