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El Ayuntamiento de Huesca debe pagar 600.000 euros por un error urbanístico

Una sentencia del TSJA da la razón a los propietarios de unos terrenos ubicados en La Magantina, paralizados desde el año 2003   

El polígono La Magantina tiene una elevada ocupación por su atractivo empresarial.
Los terrenos están ubicados en el polígono La Magantina. 
Pablo Segura

El Ayuntamiento de Huesca deberá pagar unos 600.000 euros a la junta de compensación de propietarios de unos terrenos del polígono La Magantina porque las condiciones establecidas en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de 2003 no permiten el desarrollo de ese suelo.

Así lo recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que condena al Consistorio a abonar dicha cantidad, entre indemnizaciones e intereses, por un error urbanístico que ha generado a los propietarios una importante pérdida económica al no poder construir en esos terrenos, paralizados desde hace 18 años. Gregorio Cabrero, uno de los propietarios afectados, ha recordado que este proceso se remonta a 2003. El fallo judicial que obliga a indemnizar a los afectados se dictó en 2012 y fue corroborado por el TSJA en 2016, después de que el Consistorio presentara un recurso.

“Posteriormente, se mantuvieron conversaciones con el Ayuntamiento al respecto para tratar de solucionarlo sin tener que llegar a pagar la indemnización. Pero después, a última hora, el Consistorio rompió las negociaciones para que la sentencia se ejecutara de otra manera. Nosotros queríamos que se hiciera como dictaba el TSJA, pero el Consistorio se opuso”, ha explicado. Finalmente, tras los recursos de ambas partes, el TSJA ha corroborado lo que había dicho en 2016, “y ha sentenciado que no cabe otra forma de solucionar el tema más que pagando, y esto es lo que nos ha llegado ahora”.

En principio no cabe recurso, ha apuntado Gregorio Cabrero, que ha planteado que los propietarios de los terrenos están "satisfechos" con la sentencia, ya que el TSJA les ha vuelto a dar la razón, por segunda vez. Sin embargo, ha advertido que esta no era la solución a la que aspiraban los afectados. “Nosotros lo que queríamos era haber llegado a un acuerdo de cómo hacer bien el planteamiento para que fuera beneficioso para todo el mundo, sin que el Ayuntamiento tuviera que desembolsar este dinero”, ha indicado.

Finalmente, ha expuesto que en su opinión “se podía haber llegado perfectamente a un acuerdo. Ahora la sentencia es inamovible y le indica al Ayuntamiento la fecha límite que tiene de pago”.

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