El derribo de la fachada en la calle San Jorge de Huesca llega a la Fiscalía

La Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca ha elaborado un extenso y documentado informe que ha sido presentado en la Fiscalía de la Audiencia de Huesca, a fin de que se inicie "el procedimiento que corresponda para depurar las posibles responsabilidades en que se haya incurrido con el derribo de la fachada del número 25 de la calle San Jorge, el edificio civil más antiguo de la ciudad", han señalado en un comunicado.

La documentación presentada hace hincapié, señalan desde la Plataforma, "en dos extremos fundamentales para valorar el alcance de la pérdida patrimonial". En primer lugar, señalan, "en el hecho mismo de que el derribo de la fachada no haya sido autorizado en ninguna fase de la aprobación del proyecto de construcción para una vivienda unifamiliar, que ha venido a sustituir al edificio datado en el siglo XV". "Por otra parte", señala el texto, "está la eliminación de la fachada ha imposibilitado el estudio arqueológico que podría haber puesto de relieve la existencia en este antiguo barrio de la judería de una sinagoga, de acuerdo con las investigaciones y estudios del profesor Antonio Naval".

"Cabe anotar que el informe técnico de la comisión municipal de Urbanismo recuerda al promotor y arquitecto del proyecto, que el inmueble goza de un grad", valora la Plataforma. Además, señalan desde este colectivo, "la resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio prescribe una 'restauración fidedigna', no una reconstrucción, aserto que fue confirmado por la directora general de Patrimonio en un twit dirigido a Apudepa, una de las asociaciones personadas en la Fiscalía, en el que manifestaba expresamente: 'Lo puse para que se viera que no había autorizado el derribo de la fachada'.

Asimismo, todos los informes emitidos señalan de modo inequívoco, según la Plataforma para la Defensa del Patrimonio, "el insoslayable seguimiento arqueológico de los trabajos, máxime cuando el inmueble se encuentra en Zona C de protección de patrimonio arqueológico". 

"Resulta llamativo que la resolución de la dirección general de Patrimonio autorizando el control de la obra fuera dictada por su responsable el día 18 de octubre, una semana después del inicio de la demolición. En esta resolución, además, se prescribe 'el análisis de los diferentes momentos constructivos de la fachada', cuando esta ya había desaparecido y con ella toda la información arqueoconstructiva acumulada a lo largo de los siglos, material científico que hubiera permitido determinar con carácter definitivo si la finca en cuestión albergó la sinagoga".

La denuncia ante la Fiscalía recuerda, finalmente, "no solo la exigencia del cumplimiento de la Ley de Patrimonio de Aragón, también convenios internacionales suscritos por España, como la Declaración de Davos, rubricada en 2019 o las directrices contenidas en el Anteproyecto de Ley de calidad de la Arquitectura y Entorno Construido que promueve el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana".