De 7 años de cárcel a un curso y una multa de 1.530 euros

Un hombre que fue condenado a siete años de prisión por maltrato habitual a su pareja y a sus tres hijos, cuando los menores tenían 6, 9 y 11 años, se ha librado de la cárcel a cambio de realizar un programa formativo de violencia de género y de pagar una multa de 1.530 euros. Con esta cantidad suplirá los 510 días de trabajos a la comunidad con los que se suspendió su entrada en prisión y que se niega a realizar, porque “jamás mostró arrepentimiento ni reconoció los hechos a pesar de los vídeos que grabé furtivamente y que presenté ante la justicia”.

Así lo pone de manifiesto Paloma Delgado, exmujer del condenado, que considera que esta situación es “una burla y un desprecio hacia el valor de la infancia perdida de mis hijos”. Esta madre ha reunido ya más de 101.345 firmas a través de la plataforma ‘change.org’ con las que quiere conseguir un claro objetivo: que su ex no vuelva a visitar a sus hijos.

Y es que, la impunidad de su exmarido, expone, no es lo peor, “en el próximo mes de diciembre, si no me ayudan a pararlo, se reiniciarán las visitas de mis hijos con su maltratador no arrepentido que además se niega a realizar los 510 días de trabajos a la comunidad por los que le fue suspendida su entrada en prisión a cambio de abonar 1.530 euros al juzgado. No podemos permitir que esto suceda”. Paloma Delgado advierte de que “no hay duda de que un maltratador no es un buen padre. Pero un maltratador condenado no arrepentido y que se aprovecha del sistema riéndose de todos los que lo sustentamos, mucho menos. La justicia sigue sin estar a la altura”.

Por todo ello, pide “algo muy sencillo”. Reclama así, “que las penas de los maltratadores hacia su pareja y sus hijos no se computen de forma individualizada, favoreciendo al condenado por maltrato, sino de forma acumulada, favoreciendo la protección de las víctimas, porque una persona condenada por maltrato hacia sus hijos y hacia su pareja es un peligro para ellos”.

Esta víctima de violencia de género lamenta que ahora se ve obligada “a iniciar otra lucha para evitar el régimen de visitas a los niños, esto es lo que más daño me hace”. Lo único que le queda ahora, después de presentar todos los recursos posibles, es la vía civil porque la penal queda zanjada. Su situación, advierte, no es tan extraña, “este es un tipo de delito muy en entredicho, muy minimizado, algo hay que cambiar en el proceder de la justicia en España”.