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seguridad ciudadana

Huesca se blinda contra los delincuentes con más de 100 cámaras de videovigilancia

Es la ciudad con mayor número de estos dispositivos de todo Aragón. La Policía Local puede ver las imágenes en directo para velar por la seguridad

Esta señal del Coso Alto advierte de que la zona está vigilada por cámaras de seguridad.
Esta señal del Coso Alto advierte de que la zona está vigilada por cámaras de seguridad.
D. A.

Más de cien cámaras de videovigilancia controlan la ciudad de Huesca con el objetivo de prevenir actos delictivos, proteger a las personas y frenar el vandalismo contra bienes públicos o privados. La capital oscense se blinda contra los delincuentes y cuenta concretamente con un total de 107 dispositivos que se ubican por toda la ciudad para facilitar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero, ¿dónde van esas imágenes que se toman las 24 horas? La Policía Local de Huesca dispone de un gran videowall en el que puede verlas en directo. El operador de la Sala 092 realiza el visionado de las cámaras de videovigilancia municipales en este gran monitor, lo que supone un apoyo importante para la labor policial.

Y aunque el Ayuntamiento de Huesca no facilita la ubicación exacta de estos dispositivos por motivos de seguridad, basta con alzar la vista en algunas céntricas zonas de la capital oscense para localizarlos al acecho, colocados estratégicamente en esquinas y farolas.

Los datos hablan por sí solos y reflejan que la ciudad de Huesca, con 107 cámaras, es la más vigilada de Aragón, que tiene en total más de 550 de estos ojos digitales autorizados por la Delegación del Gobierno. En Zaragoza se ha instalado una veintena de cámaras, pero hay más proyectadas, y en Teruel otras tantas. Monzón, por su parte, cuenta con unas 70, Barbastro con 40 y destaca Ejea de los Caballeros, con 90 monitores.

La Delegación del Gobierno de Aragón recibe habitualmente peticiones de diferentes municipios interesados en mantener la seguridad. De las últimas cámaras que se solicitaron para la ciudad de Huesca, once en total, una era para el parque de las Olas, otra para el de los Olivos y otra más para el de la Manzana. Además, se pidieron dos para la plaza San Antonio, dos más para el pasaje de la Muralla, una para la plaza Alfonso I el Batallador y otra para la plaza Nuestra Señora de Salas. Para el cruce de la plaza de San Pedro con calle Travesía de la Conquista se solicitó otra más y la última para la esquina de la calle Zarandia con la plaza Fueros de Aragón.

La Policía Local de Huesca informa de que la normativa que regula la instalación de cámaras recoge motivos como la prevención y, en su caso, persecución de infracciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Su colocación también quiere asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos. Asimismo, se pueden colocar para constatar infracciones contra la seguridad ciudadana y prevenir que se causen daños a personas o a bienes. Además, también hay cámaras para el control de tráfico, puntualizan dichas fuentes.

La instalación de estos elementos se rige por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. Dicha ley contempla que la prevención de actos delictivos, y especialmente cuando las actuaciones perseguidas suceden en espacios abiertos al público, lleva a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al empleo de medios técnicos cada vez más sofisticados.

Con estos medios, cita la norma, y en particular a través del uso de sistemas de grabación de imágenes y sonidos y su posterior tratamiento, “se incrementa sustancialmente el nivel de protección de los bienes y libertades de las personas”. Según esta ley las imágenes y sonidos obtenidos por cualquiera de las maneras previstas son destruidos en el plazo de un mes desde su captación, salvo que se relacionen con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial abierto. En caso de que se grabe un delito, las imágenes se pondrán a disposición judicial de manera inmediata. Concretamente, se establece la entrega de la grabación junto con el relato de los hechos a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.