El alcalde consulta a Grhusa cómo haría el servicio de limpieza

El alcalde de Huesca apuesta “por que haya un acuerdo” y “que se firme el convenio que dé satisfacción a ambas partes” como solución al conflicto abierto entre la patronal y el sector de trabajadoras de la limpieza, que hoy alcanza el decimoséptimo día de huelga.

Y aunque este sea el “objetivo primero” de la institución que encabeza, Luis Felipe ha confirmado en respuestas a la intervención de las trabajadoras de limpieza presentes en el pleno de este martes, que ya ha consultado a Grhusa sobre “cuáles serían las condiciones de la encomienda de gestión que podría realizar el Ayuntamiento, como realizó el servicio de limpieza viaria”, incluyendo cuestiones como la subrogación de trabajadores.

En sesión plenaria, Felipe ha reiterado su apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras, con quienes se reunió en un encuentro previo en la calle, donde las empleadas se concentraron minutos antes del inicio del pleno. Estas no contemplan retroceder en sus demandas, “porque el motivo” de la protesta “seguiría igual”, pese a que por la duración que alcanza la huelga comienzan a llegar “mermas grandes en las nóminas”, manifestaron representantes de las trabajadoras.

Felipe insistió: “Es necesario que haya un acuerdo, no sólo por la paz social sino por las condiciones laborales, salariales de los trabajadores y el buen funcionamiento de estas empresas que prestan servicio a las administraciones y servicios públicos”.

A la caza del estornino

En el pleno, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del exalcalde de Huesca Fernando Elboj fallecido este lunes, sólo dos de las siete iniciativas presentadas por los grupos han sido debatidas por no contar con unanimidad.

Con los votos de Cs, PP y Vox salió adelante la iniciativa presentada por este grupo municipal para intentar acabar con las molestias que los más de 30.000 ejemplares causan “por el tremendo ruido”, señaló el concejal Antonio Laborda; por la insalubridad de sus excrementos y el deterioro del mobiliario urbano, las edificaciones anexas a los dormideros, o “los daños en las plantaciones de cereza de la Hoya de Huesca”, añadió.

De esta forma se pedirá al Departamento de Agricultura que se considere al estornino especie cinegética, tanto el pinto (que ya se puede cazar) como el negro, y su catalogación como plaga urbana, y al Ayuntamiento, que estudie, en colaboración con la Guardia Civil, instalar puestos fijos de caza en las inmediaciones de Huesca, con “veteranos cazadores habilitados”.

Laborda ha señalado así mismo la ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora. Algo en lo que coincidió el concejal de Ciudadanos, Enrique Novella, que insistió que “sin aniquilarlos, se debería controlar esta población”, proponiendo su caza con red.

José Miguel Veintemilla, del Partido Popular, ha recordado las dificultades de la única solución que ha dado algún resultado, como la poda perimetral de las copas de los árboles y ha manifestado dudas sobre a quién corresponde la decisión de declarar al estornino como plaga urbana.

Óscar Sipán, de Con Huesca Podemos Equo, afeó a Vox que su solución pase por el uso de las armas.

Roberto Cacho, concejal de Medio Ambiente, ha insistido en que controlar la población de estorninos “a tiros es imposible” e insistió en la necesidad de “trabajar en la línea de si los estorninos son una plaga en la ciudad de Huesca y, a partir de ahí, aplicar medidas si consiguiéramos que a quien competa los declare plaga”. 

El pleno pide la reforma de la Ley del ‘Solo sí es sí’

En segunda votación y con los votos a favor del PP, Cs y Vox, el pleno de Huesca ha solicitado la “inmediata revisión” de la Ley del ‘Solo sí es sí’, para que quienes cometan delitos sexuales puedan tener las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022.

Con la aprobación de esta iniciativa se ha pedido también la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, por las declaraciones contra los jueces, tras las rebajas de penas a agresores sexuales.

Gema Allué, del PP, insistió en la “tozuda y cruel realidad” de que “muchos de los condenados se han podido acoger a la reducción de la pena”; “338 agresores sexuales”, advirtió. Mientras, Vox se reafirmó en "no apoyar una ley que se ha demostrado que no protege a las mujeres”. María Eugenia Gabás abogó, por su parte, por la rectificación de la ley, pues “el problema es que el bien jurídico que quiere proteger la libertad sexual de las mujeres la ha abaratado”.

La defensa de la ley quedó en manos de Con Huesca Podemos Equo, donde Guillermo Boix insistió en que “el problema está en la aplicación y no en la ley”, mientras que por el PSOE, María Rodrigo, abogó o bien por darle tiempo al Tribunal Supremo a que “se pronuncie” o “estudiar una modificación, que podemos llevar a debate”.