El Justicia recuerda a la DGA que la vía telemática no es obligatoria

El Justicia de Aragón insta al Gobierno regional a tener en cuenta que las comunicaciones telemáticas con la Administración no son obligatorias, “salvo excepciones”, y aboga por el fomento de la atención presencial. Así, y ante una queja presentada por una ciudadana, pide al Departamento de Hacienda y Administración Pública que estudie si se puede poner algún horario de tarde en las oficinas administrativas en general, “en función de las necesidades de atención al ciudadano”, y, por otra parte, reclama que se evite que la cita previa pase a ser una condición obligatoria para ser atendido.

La queja incidía en que el horario de 9 a 14 horas, que coincide con la mayoría de los trabajos, dificulta ser atendido por la Administración, “especialmente -en opinión de esta persona- a quienes viven en el medio rural”.

En su argumentación, el Justicia se apoya en la Ley de Procedimiento Administrativo, de 1958, que habla de la posibilidad de ampliar los horarios para compatibilizarlos con el trabajo.

Esa consideración “se ve ahora reforzada por el carácter servicial de la Administración derivado de nuestra Carta Magna”.

Por otra parte, subraya que los ciudadanos no están obligados a relacionarse con la Administración por medios telemáticos, lo que es “especialmente importante” dada la brecha digital y las dificultades para “un significativo porcentaje de la población”.

Y respecto a la cita previa, pide que esta pueda solicitarse de manera presencial y telefónica.

Al respecto, las federaciones de jubilados de los sindicatos reclaman que la Administración deje de usar la covid como excusa para no prestar atención presencial y advierten del grave impacto que está teniendo en la atención a la ciudadanía, sobre todo entre mayores y personas con pocos conocimientos o recursos tecnológicos, la llamada brecha digital.

“Fue una medida acertada (durante la pandemia) pero esto ya se ha pasado y no se puede imponer la Administración electrónica”, afirma Patxi Hernando (UGT). Añade que esta modalidad debería ser opcional por que “si no, es una situación excluyente de personas que no se manejan con lo digital, de mayores pero también de (personas con poca) formación” tecnológica.

“Las Administraciones son para todos y deben seguir manteniendo su relación con el administrado”, afirma Hernando sobre una situación que califica de “abuso”.

En la misma línea, Benito Carrera (CCOO) señala que “la Administración no se puede olvidar de los ciudadanos” y se muestra muy crítico con que, además, en trámites como el IMV, la jubilación “y un largo etcétera”, la respuesta, incluso por vía telemática, “llegue meses después”.

“No hay excusa posible para no corregirlo”, afirma en general.