Huesca

MUNICIPAL

Vox amenaza con llevar a los tribunales al PP, PSOE y Laborda por el cambio en las comisiones del Ayuntamiento

El pleno ha aprobado este jueves el cambio y Vox afirma que lo judicializará "si supone un perjuicio económico" al haber un edil más cobrando dietas

El exportavoz de Vox, Antonio Laborda, y los actuales miembros de Vox, Susana Magán y José Luis Rubió.
El exportavoz de Vox, Antonio Laborda, y los actuales miembros de Vox, Susana Magán y José Luis Rubió.
Laura Ayerbe

La situación del Ayuntamiento de Huesca se ha enrevesado más este jueves por la amenaza de Vox de llevar a los tribunales la inclusión de su exportavoz, Antonio Laborda, en las comisiones informativas "si supone un perjuicio económico" para las arcas municipales, al haber un concejal más cobrando dietas por asistencia a comisiones. El actual portavoz de Vox, José Luis Rubió, ha indicado tras la sesión que el problema no es la inclusión de Laborda, sino la ampliación de miembros en las comisiones y, por tanto, de las retribuciones.

El pleno municipal ha aprobado con votos a favor de todos los concejales salvo los de Vox la propuesta del secretario del Ayuntamiento para ampliar en uno los miembros de las comisiones informativas, pasando de 7 a 8 e incluyendo así como concejal no adscrito a Laborda. Se introduce además el voto ponderado para no alterar la proporcionalidad de cada grupo municipal.

En el debate, tanto PP como PSOE han defendido la legalidad de la propuesta amparándose en la propuesta e informe del secretario municipal, que es quien ha realizado dicha propuesta a petición de Vox. El secretario se basa en sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional para reconocer el derecho de Laborda a estar presente en las comisiones como concejal no adscrito. Una consecuencia de esta ampliación en el número de miembros (a los tres de PP y PSOE más el de Vox se suma Laborda) es que a partir de ahora se aplicará el voto ponderado (mismo número de votos que concejales en el pleno).

El popular José Miguel Veintemilla ha puesto el acento en las sentencias del TC y TS a las que alude el secretario para defender la propuesta y ha explicado que Laborda no podrá cobrar más de 14.000 euros anuales en dietas por asistencia a órganos municipales.

Silvia Salazar, portavoz socialista, también ha expuesto el informe jurídico del secretario, con las alusiones a las sentencias del Constitucional y del Supremo, como argumento para votar a favor "pese a las amenazas" de Vox.

Por su parte, el concejal en el centro de la polémica, el exportavoz de Vox Antonio Laborda, ha agradecido el informe del secretario y ha insistido en su derecho a asistir a las comisiones.

En su intervención en el pleno, el actual portavoz de Vox, José Luis Rubió, ha sostenido que "la propuesta no se ajusta a derecho" y ha advertido al resto de concejales de las posibles consecuencias legales que puede tener la aprobación de la proposición. "Los derechos económicos de los concejales no adscritos no pueden ser superiores" a los que tenían previamente en su grupo político de origen, ha indicado.

Tras la sesión plenaria, ha explicado que en el caso de Laborda, que previamente había sido relevado de la portavocía de Vox y excluido de las comisiones, las dietas deberían limitarse a las asistencias a plenos (300 euros por cada uno y suele haber uno al mes), no a comisiones (150 euros cada una, unas diez mensuales).

Rubió ha matizado que la negativa de Vox no es a incluir a Laborda, sino que su inclusión debe suponer la salida de un miembro de otro partido político de las comisiones para mantener los siete integrantes aprobados al inicio del mandato municipal.

Ampliar en uno los miembros de las comisiones puede suponer "un perjuicio económico" a las arcas municipales, al incrementarse el gasto total en representantes políticos, y "podría ser" que los concejales que han votado a favor "tuvieran que responder económicamente" de esta decisión.

"Si es necesario, como he expresado en el pleno, lo judicializaremos", ha aseverado Rubió, que ha recordado que los munícipes "no tienen inmunidad sobre las decisiones o votaciones si suponen un perjuicio económico".