Prohibir, regular o educar, el dilema del uso de móviles en las aulas

La propuesta del Ministerio de Educación de prohibir el uso de los móviles en los centros educativos -que se concreta en que en Primaria no se pueda utilizar el móvil en ningún momento en horario lectivo, mientras que en Secundaria el uso se realice bajo supervisión y demanda del docente- ha tenido un efecto catalizador sobre las posturas que hay en la comunidad educativa acerca de los efectos negativos del mal uso y abuso de estos dispositivos en edades tempranas. Una problemática poliédrica, que preocupa tanto a administraciones como a docentes y familias.

Ante el planteamiento del Ministerio, el Gobierno de Aragón ha anunciado que se articulará “una propuesta en la próxima reunión” del Consejo Escolar de Aragón, en palabras de la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, y que el objetivo es sentarse “con la comunidad educativa para llegar a una solución lo más consensuada posible”. Para ello, están estudiando “las experiencia de otras comunidades autónomas que ya están aplicando medidas”, como Andalucía, Galicia o Madrid.

Ante la idea de prohibir surge la de “regular” y la de “educar”. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (Fapar) consideran “fundamental” educar en ese buen uso así como “facilitar a las familias herramientas” para su tarea educadora, y “que les orienten en las limitaciones y responsabilidades que deben ejercer”.

Fapar cree “necesaria la regulación, que no prohibición, del uso de móviles en los espacios educativos”, pero tras “la reflexión compartida de la comunidad educativa”, pues “el móvil es una herramienta fundamental de comunicación, información y relación y la escuela no puede renunciar a educar en un buen uso, de la mano de las familias”.

CGT celebra la propuesta, pero consideran que, sin la audacia e inversión necesaria para ser efectiva, “se queda en un gesto”, afirman en un comunicado.

La restricción por si sola “no resuelve el problema”

Para Raquel Lozano, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Zaragoza e investigadora en los usos problemáticos de Internet y las pantallas en población infanto-juvenil, se muestra contundente. “Si se quedan solo en la restricción el problema no se resuelve”, apunta, aludiendo a uno de los temas que subyace a este debate: el ciberacoso. “Las tasas de ciberacoso cada día son más altas y hay situaciones de agresión que son sumamente graves”, afirma, con lo cual, si la prohibición llega como única solución “el ciber acoso no se dará en el recreo pero se dará cuando el alumnado salga fuera de clase”.

Lozano opina que se tiene “que trabajar ya y de manera urgente la educación mediática y la ética en las escuelas” pues “vivimos en una sociedad de la información y del conocimiento, con una tecnología que te permite vivir tu realidad física y en un mundo paralelo, el de las redes sociales e Internet. Un insulto por whatsapp o por una red social, a un adolescente seguramente le afecte mucho porque para él o ella es un mundo real”, señala.

Una medida -incluirla en el currículo- que Lozano traslada al ámbito de la educación sexual, en relación al acceso a contenidos pornográficos por menores. “La pornografía existe, va a seguir existiendo, los adolescentes tienen curiosidad y van a intentar acceder cómo sea. Tenemos que trabajarlo en clase. Porque si no les contamos nada y ellos ven contenido pornográfico muy duro con agresiones o violaciones, entenderán que una relación sexual es eso”.

Lozano advierte también de la falta de “criterios diagnósticos” para la adicción a Internet y de consenso internacional: “O la OMS da una respuesta y la da ya, o nos vamos a encontrar con casuísticas en las que no vamos a poder evaluar ni diagnostica determinadas situaciones”.