El TSJA anula el contrato de transporte sanitario no urgente

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado el contrato de transporte sanitario no urgente de 2020 a raíz del recurso que presentó una de las empresas que no logró hacerse con la adjudicación. La anulación se debe a irregularidades en la formalización del contrato, como hacerlo fuera de plazo y sin que se hubiera acreditado que la adjudicataria, Transalud, tuviera las ambulancias establecidas en el pliego desde el primer día.

Mar Vaquero, portavoz del Gobierno de Aragón; José Luis Bancalero, consejero de Sanidad, y Ramón Boria, director general de Asistencia Sanitaria y Planificación, han comparecido este viernes para informar de esta sentencia, que la DGA había conocido las horas previas, según ha afirmado Vaquero.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha aclarado que la prestación del servicio se mantendrá sin alteraciones hasta que se formalice el nuevo contrato, que ya se estaba tramitando y que está en fase de evaluación por parte de Intervención de la DGA.

Vaquero ha considerado que esta sentencia “clara, dura y demoledora” supone “el auténtico legado” del Gobierno de Javier Lambán en materia sanitaria, recordando que es el tercer contrato sanitario de la época del socialista que se anula en los tribunales.

Ha agregado que los servicios jurídicos estudian recurrir la sentencia, pero ha apostillado la dificultad de que prospere el recurso de casación ante el Supremo.

Posible indemnización de entre 1 y 2 millones

Esta última sentencia, además, puede acarrear al pago de entre 1 y 2 millones de euros a las empresas recurrentes en concepto de indemnización. La cifra definitiva, ha explicado Vaquero, la tendrá que fijar el tribunal en la ejecución de la sentencia y la cuantía señalada es una estimación a partir de sentencias similares.

La portavoz del Gobierno de Aragón ha precisado que el origen de la anulación del contrato está en el lote 2 del contrato, referido a los tres sectores sanitarios de Zaragoza y al de Calatayud, pero afecta a todo el contrato.

Vaquero ha explicado que el contrato se formalizó pese a la falta de acreditación de los medios necesarios, las ambulancias en sí. La adjudicataria, Transalud, debería haber contado con todas las ambulancias necesarias y determinadas en el pliego el mismo día en el que entrara en vigor el contrato, pero no fue así.

Otra irregularidad fue la prórroga que la DGA anterior concedió a la empresa. La portavoz del Ejecutivo regional ha detallado que esa ampliación de plazo solo se podía dar, y como “mejora” del pliego, si la empresa facilitaba vehículos de mejores características que las mínimas establecidas.

Sin embargo, ha añadido Vaquero, esa prórroga se usó para adquirir los vehículos mínimos necesarios para la prestación del servicio.

Para Vaquero y el consejero de Sanidad, la anulación judicial de este contrato es una nueva muestra de “la nefasta gestión” en sanidad de Lambán.

IU pide internalizar el servicio

Tras conocer la sentencia, IU ha reiterado la necesidad de internalizar el servicio. Su coordinador, Álvaro Sanz, ha recordado que “no ha habido un contrato desde la existencia de este sistema que no haya dado problemas” y ha subrayado que este modelo cuesta “un dinero brutal”.