Empleados de la cárcel de Zuera denuncian que llevan 76 días sin transporte desde Huesca

Representantes de ACAIP-UGT del Centro Penitenciario de Zaragoza (Zuera) y José Antonio Alenta, Secretario Territorial de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Huesca, denuncian que ya se han cumplido 76 días sin trasporte y siguen reclamando una solución rápida. Explican que la supresión de una de las líneas de autobús entre Zaragoza y el C.P. Zuera, y la eliminación de la conexión entre este Centro Penitenciario y la ciudad de Huesca, "están produciendo un claro perjuicio a todos los empleados públicos penitenciarios".

Estas formaciones se han reunido con Begoña Nasarre representante por el PSOE en el Congreso de los Diputados nacional, para tratar el tema del transporte colectivo de los trabajadores hasta el Centro Penitenciario. 

También afirman que esta medida de recorte en el transporte colectivo supone "un grave deterioro" de las condiciones laborales de los empleados públicos penitenciarios de ambas ciudades por cuanto genera un mayor gasto económico, el incremento del riesgo en los desplazamientos, un elevado grado de contaminación ambiental, y la ruptura del compromiso derivado del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios que, sin ninguna duda, garantizaba el desplazamiento de los trabajadores a las infraestructuras penitenciarias.

Por todo ello, han reclamado una solución urgente "dada la afección directa para todo este personal público" y han trasladado su malestar "por la escasa capacidad de maniobra que se ha proporcionado a los trabajadores ya que se recibió el aviso de la supresión de las líneas de autobús con tan sólo dos días de antelación a la aplicación de la medida de recorte, impidiendo con ello una respuesta adecuada por parte de los afectados".

Ante esta situación se refieren a dos cuestiones fundamentales. "La primera de ellas es que el servicio de transporte se ha venido prestando desde su inauguración en 2001, tanto desde la ciudad de Zaragoza como desde la ciudad de Huesca hasta el Centro Penitenciario de Zuera y, en la actualidad, sin previo aviso, se procede a suprimir lo que ya constituye una condición de trabajo consolidada que no puede ser modificada unilateralmente", dicen. La segunda de ellas, exponen, es que "la ubicación del Centro fue una decisión que adoptó la Administración Penitenciaria sin consulta a los trabajadores, y debe de ser esta Administración la que establezca una forma útil y eficaz para poder acudir a los puestos de trabajo".

Asimismo, indican que debe de tenerse en cuenta que la ubicación del Centro Penitenciario, en un lugar en el que no existen viviendas ni localidades próximas, ni tampoco servicio de transporte público regular, "hace inviable que el domicilio de los trabajadores radique en las inmediaciones centro de trabajo, habiendo optado por establecer sus domicilios en las localidades que, hasta la fecha, estaban conectadas por una línea regular de transporte con su Centro".

De esta forma, entienden que "es responsabilidad de la Administración el mantenimiento de las condiciones de trabajo de los empleados públicos en los términos que se venían prestando hasta este momento, máxime cuando algunos de estos funcionarios han sido objeto de un traslado forzoso y no han elegido, por tanto, el centro de trabajo al que deben acudir en el régimen de prestación de servicios que les corresponde".

Y en esta línea destacan la existencia de un Acuerdo, de fecha 27 de enero de 1993, sobre los criterios de reasignación de efectivos derivados del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios, suscrito por las Centrales Sindicales y por la Administración, siendo, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento para todos ellos, en el que figura, literalmente, en su norma tercera, apartado h). “La Administración penitenciaria arbitrará las medidas alternativas adecuadas para garantizar el transporte al conjunto de los trabajadores”, citan.

Finalmente plantean que "una vez más hemos insistido en la idea de que la Administración debe facilitar una solución inmediata para estos trabajadores, que hasta la fecha disfrutaban de un servicio de transporte consolidado y que en la actualidad no se les está prestando, impidiendo con ello la normal realización de su actividad laboral.