Incertidumbre y turbación
La situación política en España se encuentra desbarajustada, lo que provoca no poca turbación e incertidumbre en el electorado que tiene que vivir en un par de meses unas elecciones generales, unas europeas, unas autonómicas y unas municipales.
Esta es la sensación que percibo en la calle, más acusada desde que se anunciara la figura perversa del "relator" en la mesa de partidos de Cataluña, y la posterior convocatoria para acudir a las urnas el próximo 28 de abril. Entiendo que las negociaciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un "vis a vis" con los independentistas fueron inaceptables. No se pueden establecer vías al margen de la Constitución para abordar asuntos que afectan al conjunto del Estado. Y quien lo hace vapulea la Carta Magna, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico español a la que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978.[ La realidad es que estamos sin presupuestos de 2019, prorrogados los de 2018 y con una amalgama indigerible de citas electorales previstas y de última hora. Es muy grave que la aprobación o caída de las cuentas del Estado pueda estar, como ha estado, en manos de los independentistas.
Solo existe un antecedente en la etapa democrática de convocatoria de comicios generales y municipales en el plazo de un mes. Suárez dispuso el 1 de marzo para la convocatoria de las elecciones generales de 1979 y el 3 de abril del mismo año para las municipales. Por aquel entonces se empezaba a conformar el bipartidismo de UCD y PSOE y posteriormente, más adelante, entre PSOE y PP hasta que se hiciera añicos en 2015 con la irrupción de otras fuerzas políticas.
Tras un gobierno que ha durado 8 meses, inmerso en una preocupante debilidad parlamentaria y con el conflicto catalán en "vivo y en directo", los resultados del 28 de abril pueden "encallar". Es probable que sean tan endiablados que haga falta la repetición de elecciones. Y eso no supone nada bueno sino descrédito e incertidumbre. Desorden político, además de multiplicar el enorme coste que suponen las convocatorias electorales.
Mientras tanto están pendientes de ejecución gran parte de las inversiones- casi 140 millones de euros- que el PAR consiguió incluir para Aragón en los PGE de 2018, a pesar del voto en contra de los diputados socialistas.
El cierre de la central de Andorra parece inminente mientras no oficialice el Gobierno de Sánchez su negativa al cierre. Pero estamos en campaña y Sánchez se empeña en convencernos de que el fin del carbón tendrá "impacto cero" sobre la gente de las cuencas mineras y el empleo. A mí no me parece creíble. Se basa en inconcreciones sin garantías. Puro electoralismo. Sin embargo, puedo asegurar que nada me gustaría más que ver la realidad de sus promesas.
Para la reapertura del Canfranc logramos 15 millones de euros inversión que sigue sin ser ejecutada ¿Y la AP-2 para la que conseguimos otros 10 millones para fomentar la desviación del tráfico pesado entre Zaragoza y Fraga ¿Y los otros 10 millones para la limpieza del Ebro ¿Y el resto de partidas económicas hasta casi 140 millones para la A-68, la N-II, la N-260, la A-21, la A-23, la A-22, la A-40… Por cierto, los trenes "tamagotchi" son otro capítulo aparte. Teruel sin alta velocidad y sin servicio de larga distancia. Y en el Canfranero incluso viajes de pie, bajo las goteras y con retrasos de horas por culpa de averías.
