Cimientos sólidos, difusas especulaciones

El juicio civil por la propiedad de 111 obras de arte de 49 parroquias altoaragonesas ha sido la proyección de una realidad que se remonta casi un cuarto de siglo atrás, como consecuencia de la incorporación de aquellas a la Diócesis de Barbastro-Monzón: la reclamación del retorno, junto con la jurisdicción de las iglesias, de los bienes que en ellas fueron concebidas y conservadas durante centurias, frente a la pertinacia en la negativa, eso sí, con argumentos volubles conforme los fallos vaticanos y las vías civiles iban cerrando las pretensiones resistentes de Lérida.

No necesariamente desde un plano jurídico, pero sí desde el del sentido común y la necesaria buena voluntad que ha de concurrir en la convivencia entre personas y entre territorios, la vista que terminó con las conclusiones ayer es un cierto dislate en la contumaz búsqueda de nuevos pretextos para el incumplimiento de todos los pronunciamientos anteriormente ejecutados por las instancias eclesiásticas y de los tribunales del Estado. Mientras Aragón ha sostenido su legítima -y legal, por lo visto hasta el día de hoy y creemos que así seguirá siendo en el futuro- reivindicación amparada en la Justicia, la incorporación progresiva al litigio de figuras de la sociedad civil ilerdense, que reiteradamente han bloqueado la devolución, ha llevado a una confrontación sin precedentes entre obispados, transitando el argumentario desde la unidad museística al carácter inescindible, pasando por el riesgo en los traslados y llegando a la demanda de una cantidad por la conservación durante décadas, difícil de evaluar si hemos de contrarrestar el disfrute del arte de estas obras. Y eso sin tener en cuenta que el sostén documental de sus pretensiones es difuso cuando no inexistente o falsario. Demasiada mala fe ante la que sólo queda el Derecho.

Diario del AltoAragón