Quim Torra, confusión o mala fe

En el mejor de los casos, habríamos de deducir que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, confunde la semántica y la consecuencia de las palabras, que en sí es tan grave que le inhabilitaría para el cargo. Aseverar en tribuna parlamentaria que no permitirá que se asocie independentismo y terrorismo es de una gravedad extrema en el contexto al que se refiere, la detención de nueve integrantes de un Comité de Defensa de la República (CDR) que planeaban utilizar material explosivo en acciones violentas con motivo de la sentencia del 1-O. La formación abogacial y editorial del mandatario catalán no se compadece con semejante afirmación, lo que nos induce a pensar que, en realidad, está utilizando irresponsablemente un argumento que ha sido la base de argumentación de organizaciones en la historia de nuestro país, como ETA, amparada en sus orígenes y posteriormente por determinados grupos para atribuir una naturaleza política a una actividad criminal.

Quien representa, desde su puesto, a millones de catalanes no puede incurrir en la desfachatez de blandir una conspiración jurídica, política y mediática y mucho menos de desdeñar la gravedad de las intenciones de los arrestados del CDR a los que convirtió en víctimas de amenazas y "ciudadanos comprometidos con su sociedad". En el sentido más estricto de la palabra, estaban en condiciones de convertirse en lo que Torra rehúsa definir como tal, y de paso hubieran contribuido a ahondar en el desafío a la legalidad, la fractura de la comunidad y las relaciones dentro de España. Son repercusiones tan enormes que, efectivamente, por la vía del Estado de Derecho hay que paralizar la escalada de tensión que, con fines espurios, está persiguiendo el presidente de la Generalitat, deslegitimado, desleal y quién sabe si algo más...