Devolución ya de los 111 bienes

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro ha puesto el colofón -a la espera del corolario que sucederá al seguro y obstinado recurso leridano- a un largo rosario de procesos eclesiásticos y civiles en los que Aragón exige, por dignidad y por justicia, la devolución de las 111 piezas de las 43 parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón. Ni uno solo de cuantos se han sustanciado ha otorgado la razón jurídica en el fondo de la cuestión a los intereses catalanes, que se han movido por pertinacia nacionalista más que por los sentidos común y de la lealtad entre dos comunidades vecinas distanciadas por un litigio que debió ser más amable y más racional. Los argumentos expuestos por el tribunal son difícilmente controvertibles: los bienes son propiedad de cada uno de los templos de procedencia y han de ser retornados inmediatamente por mediación del Obispado.

Dentro del júbilo que sucede a la determinación de la justicia, hay que convenir que la tenacidad aragonesa se ha abierto camino, en aplicación del Estado de Derecho, frente a la desobediencia y el obstruccionismo combinado entre la prelatura ilerdense y una sociedad civil renuente al acatamiento por la paradoja en una institución universal del nacionalismo más cerril. Y que, consecuentemente, hay que cumplir el dictamen con tanta diligencia como recomienda, esto es, con inmediatez en una ejecución provisional que eluda tentaciones ajenas al fondo de la cuestión y, de paso, coadyuve a la paulatina recuperación del buen clima entre las dos diócesis que tan hermanas fueron que llegaron a dirigir las mismas parroquias de manera sucesiva. Nada debió variar nunca con el cambio de los límites, ni mereció la pena la confrontación cuando el patrimonio ha de servir para la convivencia en su exposición en el origen que lo creó.