Autoridad política
La autoridad política es necesaria en razón de la tarea que le es propia y debe ser un componente positivo e insustituible de la convivencia civil. Su tarea es garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de personas y grupos, sino orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales.
La autoridad tiene la obligación de reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales que no se fundan en mayorías de opinión. Si así fuera serían provisionales y cambiables. Tiene la tarea de mandar según la recta razón y de obligar por su conformidad con el orden moral. Sus leyes y ordenamientos son justos en la medida que promueven la dignidad de la persona humana. La obediencia que el ciudadano debe a la autoridad se fundamenta en el orden moral al que esta sirve. Si la autoridad no actúa en orden al bien común, desatiende su fin propio y se hace ilegítima.
La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa.
Hay formas de ejercer la autoridad más acorde con la dignidad del hombre. Es la autoridad moral que poseen aquellas personas en las que se confía y a las que se respeta porque se cree en ellas y en la tarea que están llevando a cabo. No es una fe ni una servidumbre ciegas, ni consecuencia del arrastre de un gran carisma personal, sino una reacción consciente y libre que esas personas producen en los demás gracias a su honestidad, su valía y su actitud hacia los otros.
