Opinión
Por
  • FERNANDO LÁZARO GARCÍA (BINÉFAR)

Pandemia versus la responsabilidad (fase 2)

La pandemia y la propagación del Covid-19, no es responsabilidad de nuestros políticos, pero tampoco de los ciudadanos, el freno a la misma y la protección contra el virus sí que es responsabilidad de nuestros políticos y también de los ciudadanos.

En situaciones de emergencia, siempre debe existir una dirección que asuma las medidas y las actuaciones a realizar, aunque se equivoquen; pero hay una parte muy importante que es el papel de los ciudadanos, cumpliendo las medidas establecidas, de forma que no se ponga en peligro la expansión de la epidemia. (Por desgracia esta última semana, se ha demostrado que dichos incumplimientos por los ciudadanos ha supuesto un retroceso en el proceso de control de la epidemia (Lleida, Cuenca, Badajoz, Totana y Ceuta) No es baladí, ese cumplimiento de las medidas establecidas, ya que contra mas tardemos en poder llegar a la "normalidad", más tardaremos en reactivar nuestra economía, lo que implica empleo, consumo y bienestar social.

Dentro de este objetivo de recuperación, deberá jugar un papel fundamental la Comisión constituida en las Cortes, sobre la "Reconstrucción", su importancia la veremos en sus resultados, que en este momento viendo las actitudes de los Partidos no son muy halagüeñas. Si no son capaces de aceptar que NADIE tiene la receta mágica para salir de esta grave crisis, que es necesario el concurso y la aportación de todos, difícilmente dicha Comisión dará los resultados esperados.

Ha quedado patente que es necesario reforzar nuestra estructuras sanitarias y sociales, que debemos garantizar unas Residencias de mayores, que cuenten con los recursos necesarios para la atención a los residentes (No un sistema de obtención de beneficios para los Fondos de Inversión).

Así mismo que debemos reforzar y apoyar nuestro sistema productivo, con las adaptaciones necesarias, de conformidad a la evolución de la globalización, y con la mejora de nuestros trabajadores, ella implica la necesidad de que el Estado cuente con los recursos necesarios para acometer estos retos, lo que implica una progresiva y equitativa política fiscal.