El cuidado de nuestros mayores
Ya teníamos indicios: la dotación de personal cualificado y sanitario en residencias para mayores era insuficiente en muchos casos para un cuidado de calidad. Esta pandemia de la covid ha sacado a la luz las enormes carencias del modelo residencial en nuestro Estado. La alta tasa de mortalidad (han fallecido 14.000 personas ancianas en residencias, lo que supone el 67 % del total de víctimas) debería convertir este modelo en insostenible.
A las carencias estructurales (se destina sólo un 0"7 % del PIB a Servicios Sociales bajo nivel de plazas por cada 1.000 personas mayores bajo número de personas contratadas para prestar servicios…) se ha añadido un proceso de privatización del sector (en los últimos años, el 72"8 % de las plazas ofertadas se encuentran en centros privados).
A finales de 2019, la población mayor de 65 años en la capital altoaragonesa ascendía a 11.084 personas. El número de plazas de residencia era de 893. De los 12 centros de la capital, sólo dos son propios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales: la residencia "Ciudad de Huesca" con 128 plazas y la residencia "Sagrada Familia" con 106 plazas. 40 son las plazas concertadas con la residencia Avenida Cosculluela S.L. de titularidad y gestión privada. En el futuro inmediato se contará con 190 plazas, 30 de ellas para Centro de día, en la nueva residencia de la Fundación privada "Rey Ardid" que contará con el apoyo, ver para creer, del Ayuntamiento de Huesca.
En Izquierda Unida pensamos que con la orientación y gestión mercantil de las residencias no se prioriza la universalidad del derecho a una plaza ni se afronta con garantías de calidad la prestación de servicios de una manera igualitaria, es decir pública.
El control público, la transparencia, la rendición de cuentas de la gestión, y las inspecciones son indispensables. La lógica neoliberal de prioridad de acumulación de ganancias sobre un modelo que garantice el cuidado centrado en la persona y en sus necesidades, entra en conflicto, entre otros, con el derecho a la protección de la salud y una vida digna.
Corresponde a las comunidades autónomas la acreditación, el registro y el control de calidad (inspecciones) de todos los centros sociales de su ámbito territorial, entre los que están incluidos las residencias de mayores. Pese a tener estas competencias comunes para todas las consejerías autonómicas en materia de asuntos sociales, no hay un único sistema de gestión de residencias en España. Cada comunidad autónoma tiene su propia ley y en ellas se define el tipo de relación con las entidades privadas.
Pensamos que es necesario una coordinación y asignación conjunta en las prestaciones entre Salud y Servicios Sociales instar al gobierno central a elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un Programa de acreditación de calidad de Residencias de Mayores instar al gobierno central y al gobierno autonómico a revalorizar y dignificar el trabajo de cuidados, garantizando a las trabajadoras de las residencias tanto un salario adecuado y suficiente como condiciones de trabajo seguras instar al gobierno local a que colabore con otras administraciones y garantice suelos o equipamientos públicos para impulsar en nuestro municipio un sistema de residencias público, universal y de calidad.
