Una PAC dudosamente agraria

LOS MINISTROS de Agricultura de la Unión Europea aprobaron el lunes el acuerdo sobre la Política Agrícola Común para el periodo 2023-2027, que han definido como la mayor reforma desde los años 90 y concebida “con la ambición de lograr una agricultura más sostenible, justa, inclusiva y que nos proporcione autonomía estratégica”. Las intenciones se expresan, en estos tiempos líquidos, cada vez con más pomposidad y vacío. La pregunta desde el exterior del sector, y seguramente más desde los propios empresarios y profesionales, es si pintar de verde todo el documento, la atmósfera y la reglamentación va a redundar en otros dos conceptos que les preocupan y debieran inquietarnos a todos, porque de pan y alimentos vive el hombre: la productividad y la competitividad. La respuesta a una cuestión aclarará la situación de futuro: ¿los agricultores y ganaderos estadounidenses o chinos o del norte de África estarán sometidos a similares regulaciones a los europeos, particularmente los españoles y aragoneses? Contestarla exigirá contextualizar absolutamente todo porque, de lo contrario, los costes de producción y la disminución de las rentas pondrán en peligro esa otra palabra mágica, la sostenibilidad de toda una actividad que, de paso, justo es reconocer que es el gran soporte de la vida en el medio rural.

Desafortunadamente, en España las posiciones sobre la PAC son muy divergentes por la miopía regional, pero en un marco en el que los mercados están desregulados y los precios son tan inciertos como la climatología, o el texto europeo atina en sus reglamentaciones o nos podemos poner muy verdes repartiendo más la pobreza que las materias primas. Y esto, al final, va de comer y de nutrir al mundo. Las dudas se multiplican. La PAC ha de ser, primero, agraria.