Opinión
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  • Diario del AltoAragón

El gran peaje

Tramo Figueras-Gallur de la autopista A-68.
Tramo de autopista .
Luis Correas/Gobierno de Aragón

El desdoblamiento de los 91 kilómetros de la N-II entre Fraga y Alfajarín es una histórica reivindicación para la que había otra alternativa: la liberalización del peaje de la AP-2, una de las autopistas más caras de España. Y, por fin, va a llegar el 1 de septiembre, tras caducar la concesión y revertir al Estado. Cada accidente, y no han sido pocos, en esta nacional con demasiado tráfico pesado, era una nueva llamada de atención sobre un problema evidente en unos tiempos en los que ya no es admisible socialmente soportar esas cifras de siniestros y víctimas. Ahora, el temor es que la circulación de camiones colapse la vía porque no se han adoptado otras medidas preventivas.

El elevado coste que hacía optar a camiones y vehículos ligeros por la N-II se elimina cuarenta años después y, como consecuencia, se espera que se acaben los accidentes. Fraga, Candasnos, Peñalba y Torrente de Cinca, los cuatro municipios altoaragoneses que atraviesa la N-II, han saltado a los titulares de este diario en demasiadas ocasiones por los trágicos sucesos.

Pero si durante tantos y tantos años han soportado el volumen de tráfico pesado, los accidentes y los peajes para desplazarse a Zaragoza o hacia Barcelona, ahora los municipios van a quedarse sin el impuesto (IBI) que percibían por la explotación privada de la vía. Salvando las distancias, es la misma situación que la de los municipios de centrales hidroeléctricas del Pirineo que han caducado las concesiones y revertido al Estado, que se han quedado sin el impuesto de actividad económica (IAE), en este caso, y tampoco han visto los beneficios. Además, los negocios de Candasnos y Peñalba perderán los ingresos que les generaba el tráfico y tampoco tienen conexión. La reivindicada solución es plausible, pero con medidas correctoras sería mucho mejor. A ver cómo funciona.