El pescado venenoso en el plato

Incumplir una sentencia el Tribunal Supremo o permitir que otros la incumplan no es solamente un delito, sino una temeridad y más aún si eso lo hace el Gobierno. Cuando una autoridad decide ignorar las decisiones judiciales que no le convienen pueden pasar dos cosas, que los demás poderes del Estado le paren los pies, que para eso existen, o que si eso no sucede entonces esa autoridad se convierta en poder arbitrario, lo que significa que habría perdido su legitimidad dentro de un sistema democrático. Eso es fácil de entender.

Desde que ejerce, este Gobierno está continuamente cabalgando en esta zona pantanosa. De memoria puedo enumerar dos sentencias declarando inconstitucionales los dos estados de alarma y una condena firme a Pero Sánchez en persona por delitos electorales que han pasado sin que a nadie se le moviera un pelo. Lo del Caso Gali es de antología. Por no hablar de los indultos espurios que concede para contradecir impunemente a los jueces cuando la sentencia no les complacía políticamente, igual me da que haya sido a los dirigentes independentistas que a esa pobre mujer inducida por su abogada a delinquir. Se aprecia una tendencia clara a menospreciar la soberanía de la ley que es la base de la convivencia en libertad.

Si el Gobierno no hace nada para que se aplique la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica que el sistema educativo en Cataluña debe incluir al menos un 25% en español, en mi opinión sería algo muy grave por lo que respecta al deterioro del orden jurídico del país. Si Pedro Sánchez pudiera decir que hay otras razones más importantes que lo justifican, estaría dispuesto a escucharle, pero me temo que lo que se ve es lo que hay; nada más que una exigencia del nacionalismo supremacista en su obsesión de que desaparezca la lengua común de todas las esferas de la enseñanza a cambio de que Sánchez pueda aprobar los presupuestos como sea.

Reconozco que soy de los que me creí en su día el embuste de que la inmersión lingüística en Cataluña era un instrumento para cohesionar a la sociedad para no crear una segmentación entre los educados en una u otra lengua. En realidad, lo que ha creado es una división entre la escuela y la sociedad, porque en Cataluña se hablan dos lenguas con normalidad y los únicos que se empeñan en imponer sus delirios a todos los demás son los dirigentes públicos nacionalistas que no cumplirán la ley si no les obligan. Cuanto mejor nos hubiera ido a todos –y a los catalanes los primeros- si se hubiera optado por un sistema bilingüe en vez de seguir remando todos contra la corriente de la evidencia. Esta sentencia es muy buena para poner un poco de sensatez en Cataluña y el que crea que ataca al catalán es que ha perdido el juicio o no ha visto TV3 en su vida. En Cataluña seguramente muchos dirán que defender la idea de promover la independencia a través del adoctrinamiento en las aulas, lo que ellos llaman defender el catalán, es algo legítimo. Yo imagino que entonces aceptarán que también lo sea promover el sentido común y el respeto a la Constitución en una de las mejores democracias parlamentarias del mundo.

Pero si aún sabiendo esto el Gobierno insiste en someterse alegremente al chantaje de sus socios independentistas, se encamina hacia una futura imputación por prevaricación o a la demolición de los cimientos de su propia autoridad. Veo a Pedro Sánchez como los que se atreven a zamparse un plato de fugu, ese pescado que tanto aprecian en Japón y que se comen sabiendo que si no lo han limpiado bien es terriblemente venenoso y te mata al segundo mordisco. Y si sobrevives, parece que entonces te da un síncope con el precio que cobran por ese presunto manjar. En nuestro caso, los cocineros del fugu que se sirve en La Moncloa son todos a cual más tóxico para el sistema democrático, cordiales enemigos de la Constitución, desde Bildu a ERC y lo que cuelga y sin embargo es el presidente quien les pide que le preparen ellos ese menú que parece una ruleta rusa.

No hablo de la cuenta, porque en estas circunstancias sería lo de menos: como dice ese anuncio, si algo se puede pagar aunque sea aumentando la deuda que dejamos a nuestros hijos no sería lo peor, pero el daño que se le hace al sistema legal no tiene precio. A estas alturas nadie puede ignorar que lo que le exigen a Sánchez sus socios tiene como objetivo hacer todo el daño posible a la unidad y cohesión del país que él ha prometido proteger. Ahí está su obligación y sus prerrogativas, entre ellas la de elegir el colchón y el menú de lo que se come en La Moncloa. Desde aquí le puedo ofrecer por ejemplo un buen plato de jamón de latón de la Fueva que está buenísimo y sienta fenomenal. Si opta por lo que el menú de sus socios, hay que advertirle que dicen que cuando el fugu está mal preparado, se siente un cosquilleo en la boca antes de que se te pare el corazón y que uno se da cuenta de todo cuando la cosa ya no tiene remedio. Ya sabrá el presidente donde se mete. l