El Estado enfermo

La Justicia es la virtud nuclear de un Estado sano y todo lo que estamos viendo estos días, el intento de condicionarla, acosarla, controlarla, desmontarla y someterla a los partidos dominantes deja un diagnóstico evidente: el Estado está enfermo. Y de gravedad. Y quienes deberían tener mayor interés en un Estado sano, avivan el incendio, aun a sabiendas de que una vez iniciado el fuego, es muy difícil detenerlo. La política está hecha, en muchas ocasiones de decisiones arriesgadas pero, a veces, el riesgo no solo es excesivo sino evidente. Quienes están llamados a la tolerancia, al diálogo y al pacto, gritan que no hay lugar para el otro. Quienes tendrían que pensar en los ciudadanos, se aprovechan de ellos para buscar sus intereses partidistas. Quienes buscan destruir el Estado y repetir lo que solo la Justicia impidió, contemplan sonrientes el panorama. Podrán repetirlo y la ley ya no podrá castigarlos. Con el cambio legal que se está promoviendo el golpe de Estado que intentaron los políticos catalanes ni siquiera sería un delito. Y la malversación del dinero público, el de todos, será un chiste. Quienes sostienen que el Parlamento es la voz del pueblo y que puede hacer lo que quiera, olvidan lo que dice la Constitución: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE)”. Respetar las leyes es la primera obligación de todo gobernante. Quienes dicen, como el ministro Bolaños, que si el Tribunal Constitucional no da la razón al Gobierno, tendría “unas consecuencias muy graves para la separación de poderes”, ignoran deliberadamente que el TC “es el intérprete supremo de la Constitución y es independiente de los demás órganos constitucionales” (Art. 1. LOTC). La demagogia, las mentiras intencionadas, los errores sin asumir responsabilidades solo indican desdén hacia las leyes y hacia los principios democráticos. Identificar un recurso legal y legítimo ante el TC con el golpe de Estado de Tejero o con el 23-F indica mala fe. Quienes nos gobiernan defienden que, para desactivar el conflicto catalán hay que actuar de esta manera y que lo que es útil -es decir, de lo que se puede sacar provecho- es bueno. Para ellos, sofistas con máster, la política es una mera técnica para conseguir los objetivos y lo justo es lo que conviene al más fuerte, si el más fuerte son ellos. El poder decisorio del pueblo no es entendido como la igualdad ante la ley, sino como privilegios para unos pocos. Esta actitud de los partidos, con diversas formas de agresividad, mentiras, violencia verbal y denigración de las instituciones nucleares del Estado, esconde una estrategia. Quienes deberían estar obligados a dialogar para buscar el bien común, se empecinan, interesadamente, en la polarización y la división. “Con cada parte encerrada en su mundo, es imposible arreglar un país”, decía el exministro José Luis Leal. Hay quien dice que esto solo se arregla con elecciones. Pero tal vez sea tarde. La injusticia fragua la decadencia de la política y desencadena la enfermedad del Estado. Es un juego realmente peligroso.