La soberanía no es compartida
Durante la Edad Media y la Edad Moderna, hasta la Revolución Francesa, los reinos eran patrimoniales y el rey era el soberano, es decir que la soberanía residía en el monarca y él era el origen de la legalidad. Aunque se reunían Cortes y la primera vez en Europa fue en León, en 1188, en tiempos de Alfonso IX, básicamente eran para aprobar recaudaciones y para respetar las libertades conseguidas. A partir del siglo XIX se empiezan a redactar constituciones en la que la soberanía estaba compartida entre el rey y el pueblo; de manera que aunque las leyes se originaran en las Cortes, el rey tenía derecho de veto y por lo tanto podía impedir su aplicación. Aún es así en algunas repúblicas, por ejemplo en Portugal, donde el Presidente de la República tiene derecho de veto y lo ha ejercido recientemente.
En España, la Constitución de 1978, seguramente teniendo presente el inmediato pasado, instituyó en su artículo 2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes” y “Las Cortes Generales representan al pueblo español”(66.1). Por lo tanto, el Rey no tiene ningún poder legislativo, aunque las leyes no entran en vigor hasta que son sancionadas por él (art. 62. Punto a).
Actualmente circulan por las redes comentarios en que se preguntan ¿Qué hace el Rey ante lo que está pasando? Primero: de momento no ha pasado nada; solo se ha presentado un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados que tendrá que pasar por la fase debate, en la que se pueden incluir enmiendas, después tiene que ir al Senado, que también son las Cortes y donde también se debatirá volver al Congreso y entonces presentarla al Rey para su promulgación. Al Rey, como hemos dicho, no le queda otro remedio que sancionarla. Si no lo hiciera, que es lo que, en el fondo, le gustaría al presidente del gobierno, se acusaría al Rey de incumplir la Constitución española, con las consecuencias que eso tendría. Incumplir la Constitución de 1876 obligó a expatriarse a su bisabuelo, Alfonso XIII.
Yo creo que el Rey solo podría intervenir si estuviera en peligro la integridad de la Patria, actuando como comandante en jefe de las fuerzas armadas que tienen encomendada esa misión en el artículo 8: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Esperemos que esta circunstancia no se dé nunca.
El problema grave es nuestra ley electoral que no es que protege a las minorías es que permite que sean las minorías las que gobiernen. Ahora mismo, habiendo ganado las elecciones el PP, la gobernanza dependerá de un conglomerado de fuerzas que no representan ni al 8 por ciento de los electores y que condicionarán la labor del gobierno del PSOE.
