MADRID.- El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha radiografiado el complejo entramado que presuntamente orquestó el PP de Madrid para financiarse ilegalmente al menos entre 2004 y 2014, un sistema del que participaron sus máximos responsables pero que ideó y supervisó Esperanza Aguirre.

Aguirre declarará por primera vez como investigada (imputada) el próximo 18 de octubre, pero antes lo harán sus sucesores Ignacio González (ya investigado en esta causa y también en el caso Lezo, por el que llegó a estar en prisión preventiva) y Cristina Cifuentes. Se les atribuyen una decena de delitos de corrupción y el de organización criminal.

El auto del juez, al que ha tenido acceso Efe, atribuye a Esperanza Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.

El magistrado cree que desde su llegada al poder en 2003 se organizó un sistema para financiar "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008.

Pero también cita episodios posteriores que muestran que el sistema funcionó hasta 2014, cuando cayó el considerado cabecilla de la trama, Francisco Granados.

En el caso de Cifuentes, la imputación se circunscribe a asunto concreto: los amaños de las adjudicaciones de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2001 a favor del empresario Arturo Fernández, que en 2007 había donado al PP 160.000 euros de forma encubierta.

La causa contaba hasta este lunes con 42 investigados; ahora se suman 29 más, con Aguirre, Cifuentes y los exconsejeros Juan José Güemes, Manuel Lamena, Borja Sarasola y Gádor Ongil entre ellos.

UNA DÉCADA

La financiación irregular del PP madrileño se inició, según el juez, a principios de 2004, al poco de llegar Aguirre al poder. Sus dirigentes fijaron entonces "una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido" que rebasaban la legalidad. Este sistema de obtención de fondos ilegal se alargó hasta que estalló la operación Púnica en 2014, ya que hay indicios de que los investigados estaban recaudando fondos para "el pago subrepticio" de gastos electorales de la campaña de 2015.

PROPAGANDA

La primera fórmula que idearon pasaba por las partidas de propaganda institucional de distintas consejerías, usadas como "coartada" para desviar dinero público al PP.

Los políticos implicados se aliaron con el empresario imputado Horacio Mercado, dueño de Over Markéting, el primero en colaborar con el PP.

El sistema era el siguiente: sus empresas recibían contratos de publicidad y luego desviaban el dinero "para financiar" al PP a cambio de un trato de favor de la Comunidad en sus adjudicaciones. "El plan implicó el desvío del dinero público a los consejeros del PP de Madrid que se avinieron a ello", algo que se produjo en una reunión presidida por Aguirre en 2004.

Asistieron también Ignacio González, Francisco Granados, Alberto López Viejo y Manuel Lamela, y en ella se dio instrucciones de contratar a Over, "un ardid para poner la partida de publicidad de cada consejería al servicio del partido".

En cuanto a Mercado, o no prestaba esos servicios o lo hacía en parte "para disimular el verdadero objeto" del contrato: "recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el PP de Madrid". Después de esta reunión de 2004, hubo "nuevos artilugios" en la financiación irregular, que, como este, se articularon bajo el "control directo" de Aguirre.

LA CLÁUSULA DEL 1 %

Consistía en incluir una cláusula en el pliego de grandes contratos de obras de la Comunidad que obligaba a las adjudicatarias a destinar un 1 % del presupuesto a contratar sociedades de Mercado para que publicitaran esas obras.