El Gobierno se desvincula del espionaje a políticos catalanes

El Ejecutivo defiende que no tiene “nada que ver” y tampoco “nada que ocultar” respecto al espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes mediante el sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo pueden comprar gobiernos, pero no ha aclarado el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) amparándose en la ley de seguridad nacional.

En rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, sostuvo este martes que el Gobierno colaborará con la Justicia en el caso de que investigue estos hechos y está dispuesto a dar explicaciones parlamentarias, para lo que remitió a la comparecencia a petición propia de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Rodríguez apuntó que el Ejecutivo no tiene “nada que ocultar”, para agregar después que en un contexto de seguridad nacional “por ley” hay “asuntos que tienen que ser tratados de forma secreta”, y el Gobierno se atiene a la ley “en estas cuestiones”.

“Hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional están protegidas por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley”, afirmó Rodríguez ante la pregunta de si el Gobierno puede garantizar que el CNI no ha utilizado el programa Pegasus.

Fuentes del Ejecutivo apuntaban que ha habido contactos con la Generalitat, aunque no entre Sánchez y el president, Pere Aragonès, para explicar que no tienen relación con este asunto e indicaban que quien haya visto vulnerado algún derecho acuda a la Justicia, con la que el Gobierno colaborará.

Además, consideraban en el Gobierno que las noticias sobre el espionaje no afectan a la convocatoria de la mesa de diálogo, que podría convocarse próximamente dado que hay avances.

Ante los periodistas, la portavoz del Ejecutivo sostenía, “para la tranquilidad” de la ciudadanía, que España es “un país democrático y de derecho” y por ello “aquí no se espía, no se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley”, es decir a través de una “decisión judicial motivada”, por lo que no aceptan que se ponga en cuestión la calidad democrática.

El Gobierno argumenta que la información publicada por “The New Yorker” sobre que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas y el entorno de Carles Puigdemont fueron víctimas, junto a más de 60 líderes independentistas, del sistema de ciberespionaje Pegasus en 2020 “no es nueva” y ha habido “procedimientos judiciales abiertos”.

Reacción de la Generalitat

Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, advirtió este martes al presidente del Gobierno de que habrá “consecuencias políticas” en la mesa de negociación Estado-Generalitat si la Moncloa “no asume responsabilidades” y no investiga el supuesto espionaje a 63 líderes independentistas, entre ellos él mismo.

Así lo aseguró en rueda de prensa tras encabezar una reunión extraordinaria del Govern para coordinar una respuesta al caso de espionaje político.

“Hasta que no se produzca una asunción de responsabilidades, no podemos normalizar la relación con el Estado. Es imprescindible llevar a cabo una investigación interna auditada e independiente para aclara quién ha espiado, por orden de quién y conocimiento de quién”, dijo e instó a Sánchez a “reparar la confianza dañada” para que la mesa de diálogo no quede congelada.