Menos de la mitad de votantes del PSOE y de Sumar aprueban el mediador con Junts
Dos de cada tres encuestados creen que la ley de amnistía deberá ser analizada por las instituciones europeas
Un mes después de la investidura de Pedro Sánchez, el contenido de los pactos que han permitido al dirigente socialista mantenerse en Moncloa ha empezado a desplegarse, sobre todo los acuerdos con el independentismo. En ese marco, PSOE y Junts celebraron a principios de diciembre su primera reunión en Ginebra con el diplomático salvadoreño Francisco Galindo como mediador, una polémica figura con la que están de acuerdo menos de la mitad de los votantes de PSOE y Sumar, según una encuesta elaborada por el Instituto DYM para HENNEO.
El 50,8 % de los entrevistados está en contra de que las reuniones para el seguimiento del pacto entre PSOE y Junts se celebren en Suiza bajo la supervisión de un mediador internacional, frente a un 30,7 % que se posiciona a favor del formato y un 18,5 % de indecisos que no saben o no contestan. La opinión sobre la fórmula acordada para verificar el desarrollo del pacto difiere según los electorados.
Los votantes de izquierdas son los más favorables a la intervención de un mediador internacional, aunque menos de la mitad lo apoyan. Solo un 49,9 % de los entrevistados que en las elecciones del 23 de julio se decantaron por Sumar y un 46 % de los que respaldaron la candidatura de Sánchez apoyan la celebración de reuniones entre PSOE y Junts en Suiza y con un verificador internacional por medio. En cambio, un 30,3 % y un 35,6 %, respectivamente, se muestran en contra de este formato, un porcentaje de rechazo que alcanza el 77,6 % entre los votantes de Vox y el 80,3 % entre los del PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo considera que los encuentros con la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont fuera de España son una "humillación" y reclama a Sánchez transparencia.
Análisis europeo
El objetivo de las reuniones supervisadas entre PSOE y Junts es garantizar el cumplimiento del pacto por el que los independentistas brindaron su apoyo a Sánchez en la investidura. El meollo del acuerdo reside en la ley de amnistía, que ya ha echado a andar en el Congreso. Dos de cada tres entrevistados opinan que la norma deberá ser examinada por las instituciones europeas una vez sea aprobada en la Cámara Baja, mientras que uno de cada cinco no lo considera necesario.
Todos los electorados coinciden en señalar de forma mayoritaria la pertinencia de que la Unión Europea analice la medida de gracia. El 88,1 % y el 81,8 % de los votantes de PP y Vox, respectivamente, amparan el control del ‘borrado’ del 1-O por parte de las instituciones europeas. El porcentaje cae hasta el 63,6 % y el 57,5 % entre los entrevistados que se decantaron por el PSOE y por Sumar en las pasadas elecciones generales, frente al 23 % y al 34,5 % respectivamente que se declara en contra. De este modo, los votantes de derechas son los que se muestran más favorables al examen comunitario. De hecho, el Parlamento Europeo debatió sobre la amnistía a finales de noviembre en un pleno impulsado por PP, Ciudadanos y Vox.
Además, el acuerdo entre PSOE y Junts incluye también la creación de comisiones de investigación en el Congreso para averiguar si ha habido persecución judicial a los políticos catalanes. Estas comisiones del ‘lawfare’ pactadas por socialistas e independentistas, que fueron aprobadas en la Cámara Baja hace apenas una semana, tienen dividida a una opinión pública que se inclina ligeramente hacia su rechazo. En concreto, el 42,2 % de los encuestados está en contra de su creación, frente a un 37,1 % que se muestra partidario y un 20,6 % que no sabe o no contesta. Los electores de derechas son nuevamente los que en mayor medida se oponen a las comisiones pactadas por PSOE y Junts: el 67,8 % de los votantes del PP y el 58 % de los de Vox se posicionan en contra. Sin embargo, entre los electorados de izquierdas predomina el apoyo a los grupos de trabajo en el Congreso: el 43,5 % de los encuestados que respaldaron a Sánchez en las últimas elecciones y el 61,7 % de los que se decantaron por Díaz son favorables a su puesta en marcha.
