PLENO
Piden que los beneficios de las centrales revertidas lleguen a los pueblos
Las Cortes de Aragón aprobaron este jueves la propuesta del PAR que recabó el apoyo del PP, PSOE y Vox tras las enmiendas
Las Cortes de Aragón reclamaron este jueves que “un porcentaje suficiente de los beneficios” de los saltos hidroeléctricos revertidos al Estado lleguen directamente a los municipios afectados. La proposición no de ley formulada por el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, recabó el apoyo mayoritario para una iniciativa de impulso después de transaccionar varias enmiendas de PP, PSOE y Vox. Únicamente CHA e IU se abstuvieron en el primero de los puntos.
La iniciativa detalla que prácticamente todas las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos a lo largo del siglo XX responden al modelo “inversión-concesión”. A cambio de la inversión privada, se otorgó a los promotores una concesión de aguas con una duración mínima de 75 años y, al finalizar este plazo, las instalaciones deberán ser revertidas al Estado.
El cumplimiento de este plazo “supone una oportunidad inmejorable para hacer llegar una parte de los beneficios de estas instalaciones a los territorios y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, señala el portavoz de la Agrupación Parlamentaria PAR-Grupo Mixto, Alberto Izquierdo, en un comunicado.
Y añade que “esta reversión está generando perjuicios a los ayuntamientos implicados ya que el Estado está exento de pagar el Impuesto de Actividad Económica y, por lo tanto, se produce una merma de los ingresos estos municipios”. En el texto aprobado este jueves, las Cortes de Aragón instaban al ejecutivo autonómico “a continuar instando al Gobierno de España a incluir los nuevos pliegos de concesiones de las instalaciones hidroeléctricas y centrales para que un porcentaje suficiente de los beneficios que se generan con su explotación reviertan directamente en los municipios”.
E instan al Gobierno de Aragón “a que destine un porcentaje de los impuestos recaudados a los ayuntamientos afectados” y al Gobierno de España “a que las centrales hidroeléctricas en explotación directa de las confederaciones hidrográficas destinen los beneficios por la generación de energía a la restitución social y económica del territorio en el que están instaladas estas infraestructuras”.
