Pese a la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, el Departamento de Educación de la DGA mantiene su posición respecto de la reapertura de la escuela de Caneto, clausurada el pasado 6 de noviembre.

La citada sugerencia, que invitaba a reabrir el centro educativo “a la mayor brevedad posible”, ha sido contestada por Luis Mallada, director general de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón.

Incide en que el ejecutivo autonómico va a seguir actuando “pensando en la seguridad de los niños”, y le remite al Justicia las siguientes preguntas: “¿Nos está pidiendo que prorroguemos una situación irregular? ¿Asumiría el Justicia la responsabilidad legal que pudiera derivarse de un hipotético accidente en un aula no legalizada? ¿Estaría dispuesto a cargar sobre él esa responsabilidad de un aula que no existe como tal porque no cumple con las medidas de seguridad?”.

Mallada afirma que el Departamento de Educación está “dispuesto a encontrar una solución dentro de la legalidad” y que así se lo han trasmitido al Ayuntamiento de La Fueva y a las familias de los 21 niños afectados.

A ellas también se refiere, culpando a la anterior administración -socialista- ya que durante los cuatro años que la escuela estuvo abierta “todo era un espejismo, porque los docentes estaban irregularmente contratados y los alumnos, matriculados en otro centro que no era el de la localidad de Caneto”.

Los menores siempre han estado matriculados en el colegio de Tierrantona, aunque nunca han acudido a dicho centro. Tampoco desde que la escuela fuese clausurada, ya que han sido los padres -junto a un profesor voluntario durante las últimas semanas- quienes se han encargado de su educación.

De momento, la situación se mantiene encallada. Los suelos en los que se ubica la escuela están declarados rústicos, y deberían ser urbanos para que fuese legal constituir allí un centro educativo. Estos pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y sus datos fueron remitidos a Urbanismo por el Ayuntamiento de La Fueva en la primera semana de diciembre, sin que conste respuesta todavía.

Un funcionario denunció coacciones y acoso

El arquitecto encargado de valorar la incorporación de la escuela de Caneto al sistema público emitió en 2019 dos informes desfavorables por motivos de seguridad y de servicios mínimos. 

En otro informe, del pasado noviembre, denunció haber sido víctima de coacciones por parte de la entonces directora provincial de Educación, Olga Alastruey. A su juicio, Alastruey manifestaba “gran interés por legalizar la escuela” por “el peso específico” que tenía en ese momento el anterior alcalde de La Fueva, Ramón Laplana, “tanto en el partido político al que pertenecía (PSOE) como en su posible ascenso en su carrera política y profesional, como finalmente sucedió”.