Joaquín Guerrero: "Al final se ha hecho justicia a favor del Obispado de las parroquias aragonesas"

“Ha sido un día de repicar gordo porque el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón ha reabierto con el nuevo discurso que incluye 66 obras de arte de la colección de 111 devueltas por el Museo de Lérida”, señala el letrado Joaquín Guerrero, que defiende al Obispado en el litigio. Guerrero sucedió a Hipólito Gómez de las Roces, que fue el abogado durante la vía canónica.

Recuerda que “ha sido un largo conflicto, esencialmente jurídico entre dos obispados, en sus inicios era una controversia eclesiástica tras largo recorrido con sentencias del más alto tribunal de la Iglesia, a favor del Obispado. La ejecución no la vieron realizada los prelados Ambrosio Echebarría, Juan José Omella ni Alfonso Milián porque el Obispado de Lérida nunca acató la resolución eclesiástica definitiva. La situación obligaba, necesariamente, al conflicto jurídico-civil en el que he intervenido”.

En este aspecto, “la defensa del caso ha sido por su complejidad un reto personal, estímulo, de gran responsabilidad, privilegio como jurista y aragonés. La colaboración del letrado Alberto Gimeno, del Gobierno de Aragón, es muy valiosa. Desde el principio se dejó claro que no ha sido un conflicto político, aunque lo hayan intentado. No era un conflicto social aunque se haya intentado enfrentar a comunidades fraternalmente unidas por muchos vínculos”.

En la misma línea, expresa que “tampoco era un conflicto entre el Gobierno de Aragón y el de Cataluña, que han intervenido como coadyuvantes, No es un conflicto de la Franja aunque es un término indeterminado y equívoco, para alguno fruto tardío de supremacismo inaceptable que ha llegado a referirse a ese territorio como Cataluña aragonesa y se cite, a veces, como el lugar del conflicto”.

En opinión del letrado de la Diócesis de Barbastro-Monzón, “ha sido y es un conflicto civil ante un Juzgado para ejercer una acción que se llama reivindicatoria, basada en el artículo 334 del Código Civil. Un conflicto jurídicamente muy complicado porque el Obispado de Lérida alegaba ser propietario de 81 bienes y 2 de la Catedral de Lérida, de los 111 reclamados, además de que formaban parte del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida y supuestamente, de una colección indivisible protegida por resoluciones catalanas”.

Guerrero recuerda que “los magníficos letrados de la parte catalana han ocupado más de 20.000 folios en la defensa de la causa y se han promovido de adverso casi todos los incidentes y recursos posibles en Derecho. Al final se ha hecho justicia en sentencia de 10 de diciembre de 2019, a favor del Obispado que representa a las parroquias aragonesas, propietarias de las obras de arte”.

En este caso, añade el abogado de la Diócesis, “el principal mérito es haberse obtenido una sentencia civil ejecutable y se ha ejecutado. Ahora se ha interpuesto recurso de apelación al que podría seguir recurso de casación y tardar muchos años en que haya sentencia firme. De momento, 66 de 111 obras ya se pueden ver en el Museo Diocesano y recrearse la vista con ellas”. 

“Sin la valentía del obispo no habría sido posible”

 “Sin la valentía y decisión del obispo Ángel Pérez no habría sido posible recuperar las obras”, señala Alberto Gimeno, letrado del Gobierno de Aragón, parte coadyuvante en el litigio por la devolución de las 111 obras de arte que ya están en el Museo Diocesano tras la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Instrucción de Barbastro que ordenó la ejecución inmediata. Gimeno trabaja desde el año 2009 en la defensa del patrimonio y explica que la función del Gobierno de Aragón “ha sido y será, siempre, la de colaborar y ayudar en la recuperación de los bienes aragoneses que son propiedad de 44 parroquias del Obispado de Barbastro-Monzón. De acuerdo al mandato estatutario dirigido a recuperar el patrimonio que se halla fuera de Aragón”.

En este sentido, “la legítima pretensión del Obispado se ajusta a Derecho y al afectar, íntegramente, a bienes aragoneses exigía jurídica y moralmente la necesaria intervención de la Administración tutelar y competente en esta materia, el Gobierno de Aragón, por eso se intervino en el procedimiento judicial”. Añade, “no obstante, que sin la valentía y decisión de la propiedad, representada en la figura del obispo Ángel Pérez, y la buena labor del letrado Joaquín Guerrero, no habría sido posible la ansiada recuperación de las obras. Nosotros solo hemos ayudado a conseguirlo”.

Respecto a la situación actual del litigio, “falta la sentencia definitiva, bien de la Audiencia Provincial de Huesca o incluso del Tribunal Supremo en sede de casación, pero las obras de arte religioso han vuelto y, sinceramente, no parece probable una revocación de la resolución judicial en instancias superiores porque no hay fundamento jurídico para ello. Eso sí, hasta que no haya sentencia definitiva y firme, los bienes recuperados están a título de depósito”.

En cuanto a la valoración personal del pleito, “no puedo estar más satisfecho por el trabajo realizado en permanente colaboración con la representación letrada del Obispado y los frutos conseguidos en el, razonablemente, poco tiempo para la duración habitual de los procedimientos judiciales. La demanda conjunta es desde principios de 2018. No debemos olvidar que en febrero de 2009 el entonces presidente Marcelino Iglesias autorizó a los servicios jurídicos para interponer las acciones judiciales necesarias para recuperar las obras”.

A partir de entonces, “se ha trabajado en este tema, son más de diez años y desde entonces tuve muy claro que el objetivo en esta materia debía ser triple, la recuperación de los 97 bienes del tesoro artístico del monasterio de Sijena, la devolución de 111 obras de arte de parroquias aragonesas y la restitución de las pinturas murales de la Sala Capitular. Somos aragoneses y tozudos”.