Los interinos denuncian el “abuso de temporalidad”

Los trabajadores públicos temporales de Aragón recordaron este viernes con una concentración ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que el Estado español lleva un año sin dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a sancionar el “abuso de temporalidad” en las Administraciones. Desde esta protesta destacaron que no acatar la normativa europea va a suponer un “inmenso perjuicio económico” para España, en forma de sanciones de la UE, veto a los fondos europeos de recuperación e indemnizaciones a los temporales despedidos que acuden a la Justicia.

Los sindicatos convocantes criticaron que el ministro de Función Pública, Miquel Iceta, no hizo mención a este deber legal para España en su comparecencia ante el Congreso de este jueves y en lugar de “reconocer la necesidad de estabilizar en sus empleos a los temporales que llevan décadas sosteniendo el sistema público del bienestar, como hizo en su discurso de toma de posesión”, se siga apostando por convertir las plazas temporales en fijas mediante Ofertas Públicas de Empleo, en contra de lo dictado por los jueces europeos.

La concentración, que reunió a un centenar de representantes de las entidades convocantes, se celebró en el primer aniversario de la sentencia del TJUE, “que falló no solo que las administraciones públicas españolas llevan más de veinte años incumpliendo la Directiva 99/70/CE, que obliga a que las plazas para atender necesidades permanentes sean cubiertas con personal fijo, sino que además sacar estas plazas a oposición, como pretende el Gobierno con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, no basta para solucionar el problema, porque no asegura la compensación a las víctimas del fraude de temporalidad ni castiga a los responsables del abuso”, indicaron.

En el acto, representantes de los afectados escenificaron como “tras años e incluso décadas de servicio a los ciudadanos y haber probado sobradamente su valía pueden perder su trabajo y su petición a la Justicia para reclamar como solución la fijeza en sus puestos, mediante su conversión en personal fijo a extinguir, de los trabajadores con más de tres años en situación de abuso”. Reclamaron esa figura “o cualquier otro tipo de solución que lleve a la estabilización real del personal en abuso, para no dejar a nadie atrás”.

Desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (Stepa) se incidió en que este sistema da cumplimiento a la norma europea sin coste para las arcas públicas, “ya que la otra vía posible sería indemnizar por despido a los afectados”. Además, advirtieron que la UE ya prepara sanciones contra España por no transponer a su legislación la citada Directiva, y también, la Comisión Europea ha recalcado que poner coto al problema de la temporalidad es una exigencia para recibir los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que ascienden a 140.000 millones de euros.

Por ello pidieron al Ministerio de Función Pública “hablar de personas y no de plazas” y que “no se abandone a miles de trabajadores y trabajadoras, muchos mayores de 50 años, y cerca de un 70 % mujeres, solo con agradecer los servicios prestados”.

Se estima que solo en la Administración autonómica aragonesa, serían más de 17.000 los interinos que llevan más de tres años con contrato temporal, el límite establecido legalmente.